El Ayuntamiento de Carlet ha puesto en marcha un proceso para tratar de legalizar las cerca de 800 edificaciones ilegales que existen en el término municipal.
El gobierno de Compromís y PSPV pretende activar durante esta legislatura las herramientas administrativas para que los propietarios de estos inmuebles puedan agruparse y sufragar depuradoras domésticas de aguas residuales o potabilizadoras.
La alcaldesa, Maria Josep Ortega, ya se ha reunido con representantes de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para poner en marcha un proceso de concienciación que permita legalizar los 800 chalés diseminados por todo el término.
Realmente nadie puede obligar a los propietarios de los inmuebles a realizar estas inversiones por lo que si lo hacen será por voluntad propia. Para ello, el ayuntamiento está dispuesto a plantear incentivos fiscales a aquellos propietarios que se decidan a dar el paso de forma voluntaria.
Contaminación del acuífero
Ortega asegura que en cuanto tomó posesión de su cargo ya se reunió con técnicos municipales para tratar la cuestión de los chalés, una de las máximas preocupaciones de todos los gobiernos de Carlet desde los años 80. Preocupan especialmente los centenares de pozos ciegos existentes en el término ya que en la conselleria consideran que es una de las fuentes de contaminación más claras de los acuíferos, en una comarca con las masas de agua subterráneas en mal estado por la contaminación durante décadas.
Problema de salud pública
La oficina técnica ya tiene el dato de las edificaciones ilegales, unas 800, pero los técnicos detectan que muchas de ellas están relativamente agrupadas, de forma que sería posible acometer actuaciones de forma conjunta que permitieran la legalización por grupos, como recoge la normativa del Consell. En las distintas consellerias a las que afecta esta cuestión se considera que los pozos ciegos pueden acabar por convertirse en un problema de salud pública de primer orden.
El objetivo del Ayuntamiento de Carlet es legalizar los inmuebles ilegales y ese es el mensaje que la alcaldesa trasladó al director general de Evaluación Urbanística, Territorial y Ambiental, José Luis Ferrando, con el que ya se ha reunido. El alto cargo se comprometió incluso a acudir a Carlet y realizar una charla explicativa. La intención del Consell es simplificar la tramitación burocrática, especialmente en los municipios pequeños. Además, el ayuntamiento asegura que no permitirá ni una sola construcción más en el término y que detendrá cualquier nueva obra desde su inicio.
