La junta de gobierno de la Comunidad de Regantes del Valle de Càrcer y Sellent, que preside el exalcalde Aurelio Hernández, ha desestimado convocar la asamblea que había reclamado el sector crítico para debatir su destitución y la del resto de integrantes de la directiva alegando que una propuesta similar ya fue desestimada en una junta general celebrada hace un año.
Un grupo de socios que supera ampliamente el 10 % que fijan los estatutos para forzar una asamblea extraordinaria presentó formalmente esta solicitud tras haber tenido acceso el pasado verano a las auditorías económica y de obras que, según señalan desde la asociación Comptes Clars -que reúne a los críticos con Hernández-, «revelan como mínimo una gestión nefasta». Se da la circunstancia de que este colectivo ya había solicitado con anterioridad otra asamblea extraordinaria para abordar diferentes aspectos -entre ellos el resultado de esas auditorías- que la junta de Hernández transformó en informativa alegando que la baja laboral del secretario impedía celebrar la misma con las garantías necesarias.
«Se apropian de la comunidad»
«Se han apropiado de la comunidad y no están ejerciendo sus deberes democráticos y estatutarios», denunció ayer el portavoz de la Associació Comptes Clars, Josep Botella, mientras detallaba que la rectora no sólo no ha convocado ninguna de las juntas extraordinarias reclamadas por los socios este año, sino que tampoco ha convocado las ordinarias a las que está obligado para la presentación de las cuentas y la aprobación del presupuesto. Botella señaló que habitualmente se celebra una asamblea en abril y otra en diciembre. La primera no se celebró y la segunda, hasta ayer, tampoco se había convocado por lo que el margen para cumplir los plazos se agota.
Por lo que respecta a la asamblea solicitada para forzar la destitución del presidente, el vicepresidente, el tesorero y los vocales de la junta de gobierno, la respuesta no se limita a rechazar la petición sino que, además, carga contra los críticos, que mantienen que los estatutos no limitan la posibilidad de reclamar asambleas extraordinarias si se recogen las firmas necesarias.
El equipo de Aurelio Hernández expone en su respuesta que a petición de los mismos socios y
a se celebró en diciembre de 2013 una junta extraordinaria «donde se trató y votó» -Comptes Clars niega que se votara- la destitución del presidente y que también el 7 de diciembre de 2014 se convocó una segunda junta con el mismo objetivo «y en ambos casos fueron rechazados dichos ceses por la mayoría de los asistentes». La junta argumenta que el «empecinamiento» en reclamar la destitución del presidente «incide claramente en una situación de abuso de derecho» que persigue «el reiterado sometimiento de la junta de gobierno a una especie de reválida en su elección buscando no respetar el mandato (), ejercicio de ese derecho que resulta antisocial e inmoral por que se ejercita con intención de perjudicar y con exceso y anormalidad».
Los críticos, no obstante, defienden que las auditorías ofrecen datos preocupantes que justificarían el relevo en la comunidad y que la actual junta tiene que dar explicaciones.
