Algunos problemas se olvidan pero no por ello desaparecen. El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, visitó ayer la Cooperativa Agrícola Sant Bernat de Carlet, donde defendió el sector agrario como puntal de la economía autonómica e hizo referencia al actual veto ruso. Tal y como expresó Puig, desde hace tiempo el Consell ha planteado que si el veto se ha producido por razones de política internacional, «ha de ser la Unión Europea quien compense a los productores».

Los agricultores españoles y de la Comunitat Valenciana no han de pagar las consecuencias del bloqueo, según el presidente. «Si hay veto, que haya compensaciones», señaló Puig. Durante el recorrido a las instalaciones de la cooperativa de Sant Bernat, Puig estuvo acompañado por la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián. El president aseguró que la Generalitat, a través de la conselleria, «quiere dar el máximo apoyo al sector agrario y ayudar a la internacionalización» del sector, una de las tendencias que se están acometiendo en los últimos años. El jefe del Consell quiso reiterar «el compromiso de la Generalitat con el sector agrario y el agroalimentario» porque «son sectores fundamentales para la Comunitat y para la historia de los valencianos», y consideró que han sido un referente durante la crisis porque han sabido combatirla «a pesar de las dificultades que aún hoy existen». En este sentido, Puig consideró que es necesario reconocer el trabajo que realizan las cooperativas, como la de Carlet, «una seña de identidad para los valencianos», adujo.

El líder del Consell también estuvo en la Azud de Antella, donde dijo que defenderá «ahora y siempre» los intereses de los regantes valencianos. Puig mantuvo una reunión con los regantes de la Casa del Rey y aseguró que desde el Consell «no se quiere abordar el problema del agua desde una perspectiva de confrontación», pero defendió que ante «cualquier recurso que se presente, la Generalitat se personará y defenderá a los regantes».

Así se manifestó el presidente valenciano frente al anuncio del Gobierno de Castilla La Mancha de que recurrirá el trasvase del Júcar-Vinalopó. El jefe del Consell consideró que en la concesión del agua ha de aplicarse «la política del sentido común» que, según señaló, «pasa por garantizar el agua para el consumo humano, que es prioritario».