Frenazo en seco y marcha atrás. Los dirigentes de Esquerra Unida de Algemesí admitieron el miércoles, tras no poca resistencia, que no les cabía otra salida que rectificar. Su intento de colocar, con la aquiescencia de sus socios del PSPV, a uno de sus candidatos electorales en el gabinete de prensa del ayuntamiento ha sido frustrado por el tercer actor político de la izquierda local, la coalición nacionalista Més Algemesí, cuyo portavoz, Josep Bermúdez, combina con astucia su implacable labor opositora con el apoyo esporádico a alguna iniciativa del gobierno local. La denuncia de Bermúdez sobre la ilegalidad del contrato ha acabado por desmoronar la estrategia de EU, que pretendía enchufar a su afiliado en la empresa privada que gestiona la comunicación municipal para hacer creer que se trataba de una decisión ajena al consistorio.
El gobierno local consiguió evitar a última hora que se debatiese en el pleno convocado el día de Nochebuena una propuesta de Més Algemesí que reclamaba la reprobación del joven edil de Comunicación, Marc Vendrell, por forzar a la empresa encargada del gabinete de prensa del consistorio a que contratara al militante de EU. «Es una cuestión de higiene democrática; no se puede consentir que se presione a las empresas adjudicatarias para que contraten en trabajos técnicos a personas que van a realizar labores políticas», defendía con la vehemencia acostumbrada Bermúdez para socavar la imagen de la EUPV y PSOE.
La respuesta inicial de EU, que ya había intentado incorporar antes a ese afiliado a la nómina municipal como personal de confianza, fue negar las presiones y cargar contra el líder de Més Algemesí, al que acusaba de practicar una política «que raya la locura y el chantaje permanente». La alcaldesa socialista, Marta Trenzano, se escudó diciendo que no había nada ilegal y restó importancia al contrato al equipararlo al de cualquier becario.
La réplica de Més Algemesí (una especie de versión local de la marca Compromís) fue más demoledora. Acudió al pliego de condiciones del contrato suscrito con la empresa de Comunicación para subrayar la ilegalidad del contrato. Una de las cláusulas era incontestable: «En lo concerciente al personal a aportar por la empresa adjudicataria, los periodistas deberán contar con tres años de experiencia profesional (...) y deberán ser licenciados en Ciencias de la Información». El candidato de EU no cumplía ninguno de los dos requisitos.
En estas condiciones, había poco margen de maniobra. Enrocarse y exponerse a debatir en el pleno la moción de Més Algemesí llevaba al gobierno local a sufrir una severa derrota. Los votos del grupo de Bermúdez sumados a los del PP alcanzan la mayoría absoluta. No había otra salida. El PSPV reclamó a sus socios de EU que dieran marcha atrás y entre ambos convencieron a Bermúdez para que retirara su propuesta, que quedó sobre la mesa. Este acuerdo a tres bandas facilitará, además, el regreso a sus tareas profesionales del responsable del gabinete de prensa, Andreu Alberola, un reputado periodista que había renunciado temporalmente a gestionar la comunicación del ayuntamiento hasta que se aclarase la controversia.
En esa empresa adjudicataria ya constan antecedentes. Antes de que finalizara la penúltima legislatura, el entonces gobierno del PP ya intentó que una persona que formaba parte de su personal de confianza fuera contratada como autónoma en la sociedad que gestinaba la comunicación municial. Y en aquel momento EU no dudó en criticar las presiones.
