Una gestión municipal aconfesional, respetuosa, basada en la colaboración, que trabaje por el bien de la sociedad y que se aleje del laicismo más radical. Estas son las claves que resultaron del debate sobra la confesionalidad o no de las instituciones, concretamente en lo que refiere a los ayuntamientos, que se celebró en La Gallera de Alzira. Participaron en el coloquio el representante de València Laica, Rafael Cuesta, el miembro del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte, Honori Pascual, el profesor de filosofía del derecho, August Monzon, y el sacerdote de la iglesia de Santa Catalina, Enrique Masià, quien, al igual que los otros conferenciantes, se mostró partidario de la aconfesionalidad de los ayuntamientos aunque pidió más colaboración entre las entidades.
El primero en tomar la palabra fue Cuesta, quien definió el concepto de laicismo como un «proyecto ético y político que no habla de Dios, por lo tanto ni tiene nada que ver con la religión ni con el ateísmo». El representante de València Laica explicó que se trata de una idea que persigue «organizar de forma justa la sociedad para que todas las personas puedan ejercer su libertad de conciencia». Cuesta se valió de estas definiciones para afirmar que «todas las instituciones del estado deben de ser laicas por exigencia democrática» y, mientras se mantienen a la espera de que se efectuen cambios en la Constitución referentes a este tema, desde su colectivo piden a los ayuntamientos que «se cumpla el principio de laicidad que establece la Constitución». El primer ponente también aprovechó su conferencia para desacreditar «el concepto de laicidad que se relaciona con el anticatolicismo o la persecución a la iglesia» y matizó algunos casos polémicos como el mensaje que emitió el portavoz de la Conferencia Episcopal en el que aseguraba que el laicismo era uno de los dos grandes peligros para la paz.
Tras las declaraciones de Cuesta fue Pascual quien tomó la palabra. El portavoz del Grup de Seglars i Rectors del Dissabte recalcó primeramente que «los ayuntamientos no tienen que ser confesionales puesto que sería como regresar a una etapa triste de nuestra historia que afortunadamente ya hemos superado», en referencia al franquismo, y matizó poco después que «si existe todavía una amplia relación entre el estado y la iglesia es porque los técnicos que redactaron la constitución lo hicieron sin contar con total libertad, condicionados por altos cargos de la dictadura y del ejército, además de por la iglesia católica». Pascual hizo referencia en este sentido a la figura del obispo Elías Yanes, quien «presionó a los técnicos para que no apareciera la palabra laico en la Constitución. En lugar de eso se presenta el término aconfesional, el cual dio origen al artículo 16.3 en el que se menciona que los cargos públicos tendrían en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrían las relaciones con la iglesia», explicó el ponente, quien apuntilló que «la iglesia se aferró a este artículo para salvaguardar sus privilegios». Pascual se valió de esta presentación para afirmar que «la cultura laica es necesaria, aunque no suficiente, para garantizar la convivencia». «Se trata de la mejor opción política y cultural porque respeta a la libertad de conciencia». El miembro del grupo de seglares finalizó mencionando que «la cultura laica puede ofrecer a la Iglesia la posibilidad de ser verdaderamente cristiana porque aquello que la prostituye es el ansia de poder» y recordó que «la religión y la democracia no tienen porqué no ser compatibles».
Representando a la Iglesia participó el sacerdote de Santa Catalina. Masià explicó que «muchas de las polémicas sobre la relación entre Iglesia y Estado proceden de las propias instituciones» y abogó por un ayuntamiento aconfesional «siempre que sea respetuoso y esté basado en la colaboración». El clérigo quiso quitar importancia a la polémica sobre si los cargos públicos deben o no asistir a las procesiones. «Lo importante es que se colabore conjuntamente por el bien de la sociedad». En este sentido, puso como ejemplo el caso de l'Alcúdia, su localidad natal. «En l'Alcúdia se decidió que los políticos no irían a las procesiones y el pueblo lo respeta. Sin embargo, el ayuntamiento sí que ha ayudado a la iglesia cuando realmente lo ha necesitado. En otros lugares los políticos van a las procesiones porque no existe esa colaboración». Masià terminó anunciando que lo que pretende la Iglesia es que «se le trate como a una asociación más y que, sobre todo, exista esa colaboración para hacer una sociedad mejor».
El último ponente en participar del debate fue August Monzón. El profesor de filosofía del derecho hizo referencia al marco histórico del derecho a la libertad religiosa y recalcó las diferencias entre laico, laicismo y aconfesional. Para Monzon, «la confesionalidad no está reñida con la democracia como lo ejemplifican estados como el Reino Unido o los países nórdicos», aunque es partidario de un país aconfesional. El filósofo asegura que «un laicismo exagerado dañaría la convivencia» y que, aunque el estado no sea confesional, «se tiene que tener en cuenta la importancia social de cada una de las religiones». Monzón también se mostró contrario a erradicar algunos signos religiosos en la vida pública. «Sería poco oportuno quitar los símbolos católicos de escudos o cambiar los nombres de municipios que hagan referencia a santos. En Oxford, por ejemplo, el escudo es una Biblia, la bandera de sueca es una cruz o la ikurriña son también dos cruces». Por último, el ponente animó a que se estudie la religión desde un punto de vista histórico. «En los centros se imparte filosofía o historia pero no se estudia la historia de la tradición cristiana o de la Biblia. Se trata de una parte de nuestro suicidio cultural», concluye.
La charla, organizada por la Associació Cultural Illa del Xúquer en su programación para conmemorar el 25 de abril, finalizó con la participación de parte de los asistentes, quienes se incorporaron al debate con sus opiniones.
