El Ayuntamiento de Turís aprobó el 11 de diciembre de 2014 devolver los 1'4 millones de euros del aval a la mercantil que incumplió el plan de urbanización sin que en el expediente estuviera incluido el informe de la secretaria municipal que desaconsejaba esa operación. El documento de la máxima responsable administrativa del consistorio estaba oficialmente en paradero desconocido. La oposición de la funcionaria que fiscaliza la gestión municipal al reembolso de ese dinero por parte del equipo de gobierno que lideraba Pilar Lozano había quedado constatada en un escrito fechado el 15 de abril de 2014.
Sin embargo, el día de la aprobación definitiva en el pleno, el escrito no apareció, quedándose el expediente sin la versión de la máxima responsable municipal en dicho asunto. El por entonces gobierno del Partido Popular, con Pilar Lozano en la alcaldía, aportó como documentos (todos ellos favorables a su decisión) los elaborados por el letrado asesor urbanista contratado por el ayuntamiento, otro de un abogado externo «del que no existe ningún encargo ni expediente de contratación de sus servicios», según ha comprobado oficialmente el nuevo equipo de gobierno que llegó en junio de 2015, y un tercer informe de una asesora de la Diputación de Valencia que, como se hacía constar, era meramente informativo.
Ninguno de ellos era vinculante aunque aconsejaban al equipo de gobierno devolver el importante aval a la empresa ITRAE Desarrollos Urbanísticos, encargada de desarrollar los PAI del Polígono Industrial Norte y del Polígono Industrial Sur. El incumplimiento del urbanizador permitía incautar el aval depositado anteriormente por la empresa en un banco, como ha hecho el mismo ayuntamiento con otro caso similar, aunque de una cuantía muy inferior: 140.000 euros.
Sin embargo, cuando se aprobó definitivamente la devolución de los 1'4 millones de euros a la empresa, que se encontraba por entonces en concurso de acreedores, la funcionaria del ayuntamiento se hallaba de baja laboral y la alcaldesa y sus respectivos ediles desoyeron la oposición de la máxima responsable administrativa y eludieron hacer uso de la versión oficial de la trabajadora del Estado que desaconsejaba no retornar el aval. Una diligencia de la secretaria accidental constató tres meses después (en marzo de 2015) la incorporación a los expedientes de los informes de secretaría fechados el 15 de abril de 2014 al «haber sido encontrados por el funcionario técnico de administración general traspapelados entre los documentos obrantes en su mesa».
La exalcaldesa de Turís Pilar Lozano vaseguró ayer que todo se hizo con el objetivo «de no ver perjudicado al ayuntamiento en un proceso judicial por la reclamación del dinero reclamado por el administrador concursal». También culpó a sus antecesores en el cargo por no enviar la información pertinente a la conselleria, imposibilitando que con posterioridad se pudiese incautar el aval económico a la empresa. Sin embargo, el actual equipo de gobierno de Eugenio Fortaña interpreta que Lozano y su ejecutivo realizaron una gestión negligente, e incluso «un delito», por lo que estudian remitir el expediente a la fiscalía para que evalúe la presunta ilegalidad cometida por la exalcaldesa.
