Varias facturas emitidas por la compra de más de cien litros del herbicida glifosato durante los meses de julio y agosto han encendido un nuevo conflicto en Carcaixent. Hace unos meses, el ayuntamiento que comanda Paco Salom aprobó en el pleno una moción de Units per València en la que se desaconsejaba la utilización de un producto que múltiples organización ecologistas y entidades que protegen la salud pública tildan de peligroso por su capacidad contaminante. Todos los grupos del consistorio votaron a favor de la moción (menos el PP, que se abstuvo) para que los herbicidas con dichos componentes no se utilizasen más en los parques y jardines del municipio carcagentino. Sin embargo, la concejal de Units per València Ana Calatayud pudo confirmar la compra por parte del ayuntamiento de más de cien litros de herbicida glifosato en los meses de julio y agosto, por lo que denunció ayer que el ayuntamiento sigue utilizando el producto contaminante. «El objetivo era que los jardines y parques públicos y otros espacios verdes dejaran de ser tratados con el glifosato y que se buscaran alternativas saludables, pero apenas dos meses después de determinar que el Ayuntamiento de Carcaixent no autorizara la aplicación de este tipo de herbicidas, para ningún tipo de uso no agrario en los espacios de uso público, carreteras o redes de servicio en la totalidad del término municipal; y que requiriera que los trabajos de eliminación de vegetación se realizaran con métodos no químicos, es el propio ayuntamiento quien lo incumple», adujo ayer Calatayud. La dirección general de la Salud Pública de la Generalitat Valenciana dirigió un escrito a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias recomendando a los ayuntamientos que no utilizaran el glifosato.
UpV denunció, a través de Calatayud, «la mala gestión realizada desde el departamento de Medio Ambiente, en este asunto y en otros, como la falta de plan de emergencia contra inundaciones, la falta de actuaciones después del incendio de junio y que puede acarrear consecuencias irreversibles con la llegada de la época de lluvias o que después de seis meses sigamos sin tener una ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales».
