La tramitación por parte del Consell de la Generalitat Valenciana del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) para propiciar la conservación activa de casi 6.500 hectáreas de terreno situadas dentro de la franja de 1.000 metros medidos desde la línea de costa, da prácticamente por sentenciado el proyecto para urbanizar la zona de la Bega de Cullera con el proyecto conocido como «Manhattan» de Cullera.
El Pativel pretende regular los usos y actividades que se pueden implantar en este espacio con el objetivo de calificar tanto el litoral no edificado como el espacio ya construido, consolidando al mismo tiempo la oferta turística y recreativa del territorio.
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cullera ha evitado valorar qué puede significar la puesta en marcha del Pativel para la macrourbanización prevista junto a la desembocadura del Xúquer, «ya que no se cuenta con información oficial al respecto más allá de que saber que comienza a tramitarse». Los gestores del ayuntamiento de Cullera prefieren esperar a analizar las consecuencias que acarrará el nuevo plan urbanístico del Consell para extraer las conclusiones oportunas.
Antes del verano, el consistorio de Cullera, que ya veía como era prácticamente imposible afrontar la urbanización de la zona, aprobó en la sesión plenaria del mes de junio, con los votos a favor de PSOE, Compromís y Gent per Cullera y la abstención del PP y Ciudadanos, iniciar las actuaciones pertinentes para la suspensión temporal de la ejecución del programa de actuación integrada del sector NPR-5 Bega-Puerto, el popularmente conocido como el PAI del Manhattan.
Para dicha paralización momentánea se dieron una serie de factores a tener en cuenta: la imposibilidad material y real de que el agente urbanizador de la zona, el extinto Instituto Valenciano para la Vivienda (IVVSA) pudiese urbanizar la zona y la no menos impracticable posibilidad de que la hasta ahora empresa municipal Emucsa, en vías de extinción, asumiera la urbanización. También se sopesó la hipótesis de que algunos propietarios de terrenos presentaran querellas por no haberse puesto en marcha el proyecto. Con la solicitud de aplazamiento, el consistorio trató de evitar las indemnizaciones millonarias que pudieran corresponder a los afectados por no acometer en tiempo y en forma la urbanización de la zona. A nadie se le escapa que hay muchos intereses en juego
A pesar de que en el año 2013 se realizó el proyecto de urbanización de la zona, el enorme coste de las infraestructuras llevó al anterior consistorio, presidido por Ernesto Sanjuán (PP), a retrasar su aprobación para no tener que urbanizar la Bega en un periodo de dos años. El hecho de que la gran mayoría de los propietarios decidiesen hacer frente a los costes de la urbanización mediante la cesión de terrenos hizo prácticamente inviable que el ayuntamiento pudiese hacerse cargo de urbanizar del PAI.
El conocido como «Manhattan» era en su momento uno de los planes urbanísticos más ambiciosos de la Comunitat Valenciana. Las cifras son de vértigo. Preveía la construcción de 33 torres de 25 alturas y 2 hoteles de 40 pisos, además de una marina interior con puerto deportivo para 800 amarres y puerto pesquero. Ocupaba 610.000 metros cuadrados junto a la desembocadura del río Xúquer y su desarrollo ya estaba previsto en el plan general urbano de 1995. En total, en el Manhattan se iban a construir 5.000 viviendas, 1.170 de ellas acabaron por reservarse para promociones de protección oficial. El plan provisional fue aprobado en noviembre de 2005 y desde entonces ha ido sufriendo pequeñas modificaciones.
El Pativel se ha promovido, según sus propios impulsores, para apoyar la actividad turística que genera mayores rentas y empleo: el sector hotelero. En el ámbito del plan, todos los nuevos sectores de uso mayoritario hotelero estarán exentos de la aplicación de la Estrategia Territorial Valenciana en cuanto a crecimientos de suelo máximos autorizados y los desarrollos de los nuevos sectores abiertos al mar deberán planificar el uso hotelero en su primera línea de edificación.
El plan contempla un plazo de cinco años para que comiencen las obras de urbanización o cinco años para acabarla. Si no se cumplen estas condiciones, los terrenos volverán a su situación anterior. De modo que podrían ser protegidos sin necesidad de hacer frente a millonarias indemnizaciones. La consellería ha valorado la posibilidad de una intervención más decidida en estos espacios, ya que en algún caso han superado ya los plazos de urbanización.
Sin embargo, existe un informe de la abogacía de la Generalitat que lo desaconseja por el riesgo de tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias. También ha contado con la opinión contraria de algunos alcaldes y militantes de los partidos que forman parte del Pacto del Botánico.
