La Diputació de València ha reclamado al Ayuntamiento de la Pobla Llarga el reintegro de 185.800 euros de los 267.000 que le entregó en tres pagos para financiar el acondicionamiento del Teatre-Cinema Monterrey tras realizar una inspección y constatar que la finalidad para la que se concedió el dinero a través de un convenio singular entre ambas administraciones para el período 2008-2010 se ha incumplido «total o parcialmente».
Los técnicos de la corporación provincial han comprobado que buena parte del primer pedido de 647 butacas sí se entregó en su momento, aunque incompletas y sin que se llegaran a montar -el material se encuentra almacenado en cajas en el propio teatro- y valoran el mismo en algo más de 81.000 euros, cantidad que descuentan del importe total de la subvención que se abonó después de que el ayuntamiento presentara los justificantes oportunos de conformidad con el servicio recibido por el proveedor, aunque el equipamiento del teatro continua hoy inacabado.
Se da la circunstancia de que el juzgado de instrucción número 5 de Alzira ha citado a declarar en calidad de investigado al entonces alcalde de la Pobla y actual diputado provincial del PP, Rafael Soler, en el procedimiento abierto por un presunto fraude en las subvenciones a raíz de la denuncia que la actual alcaldesa, Neus Garrigues (PSOE), presentó en la fiscalía al constatar que el ayuntamiento había pagado unos materiales y unos servicios que no han llegado al teatro, como ya informó Levante-EMV. Garrigues declarará en el juzgado en calidad de testigo.
El ayuntamiento ha presentado alegaciones en el expediente abierto por la diputación para reclamar la devolución del dinero por entender que administrativamente ha prescrito la posibilidad de exigir el reintegro y, a su vez, ha instado a la corporación provincial a personarse como parte interesada en el procedimiento abierto por el juzgado.
El Ayuntamiento de la Pobla arrastra una situación económica angustiosa. La negativa de los bancos a refinanciar el préstamo del plan de pago a proveedores ha abocado al consistorio a aprobar un nuevo plan de ajuste de la mano del ministerio para poder hacer frente a la deuda heredada. «No disponemos de ese dinero», admitió ayer la alcaldesa, en el caso de que la diputación acabe reclamando la devolución de la ayuda cobrada en su día.
El convenio por el que la diputación concedía esta subvención de 267.000 euros contemplaba el pago de la misma en tres fracciones: una primera de 117.000 euros en 2008; 80.000 en 2009 y 70.000 en 2010. El ayuntamiento se obligaba a presentar las facturas de los proveedores debidamente firmadas y aprobadas, como así hizo, y tras recibir los pagos oportunos de la diputación, abonó el dinero a la empresa, según detalla el actual equipo de gobierno, que advierte que Soler justificó el cumplimiento de los tres contratos, «cuando las únicas entregas realizadas son posteriores» e, incluso, en el caso del primer pedido de butacas, se recibieron siete menos de las previstas.
El exalcalde de la Pobla, Rafael Soler, evitó pronunciarse sobre este asunto y se limitó a comentar que actuó «de forma correcta» y siguiendo las pautas que marcan los técnicos municipales.
