El Ayuntamiento de Algemesí ha autorizado la realización de distintas actividades en el Teatro Jaume I sin contar con licencia para la celebración de actos con público. La formación política Més Algemesí ha denunciado la aprobación de este tipo de actividades desde el pasado mes de mayo, a pesar de que la sala no cuenta con las medidas de seguridad básicas.

Butacas rotas, una instalación eléctrica obsoleta o la presencia de gran cantidad de material inflamable son sólo algunas de las razones que han llevado a Més Algemesí a manifestar su disconformidad con la ejecución de actos abiertos al público que, desde el pasado mes de mayo, han contado con el visto bueno por parte del equipo de gobierno dirigido por la socialista Marta Trenzano. Además,la antigüedad del local hace que el espacio no cuente con la suficiente protección contra incendios, ya que hospeda una serie de barreras arquitectónicas que obstaculizan las reducidas vias de evacuación existentes.

El espacio, que durante el curso 2016/2017 ha sido utilizado como lugar de ensayos por distintas agrupaciones de la localidad, ha albergado diferentes actividades abiertas al público desde el pasado mes de mayo. Entre ellas, las jornadas de Teatro Escolar, las cuales contaban con la presencia de 200 niñas y niños por actuación; así como intervenciones del Conservatorio, de la Colla de Dolçaines de la localidad o un recital de poesía del grupo Confíteor.

Pese a que el ayuntamiento cuenta con otro espacio para albergar las actuaciones, como es el Teatro Municipal, dichas actividades han tenido lugar en el antiguo teatro Jaume I, aun sin la licencia requerida.

Para Més Algemesí, la utilización del teatro -que durante este año ha amentado respecto a periodos anteriores- se debe al interés del gobierno municipal por ahorrar en el gasto que supondría realizar las actividades en el Teatro Municipal, principalmente el destinado a la remuneración de los conserjes.

Aunque existe un proyecto técnico para la remodelación del mítico espacio de la localidad, el teatro no reune las condiciones necesarias que determina la ley, por lo que la formación política reclama el cese de su actividad y aboga porque se asuman las responsabilidades correspondientes por autorizar la ejecución de actuaciones sin contar con licencia.