El ejecutivo alcireño denunciará a un vecino por abusar de los derechos que le proporciona la ley para injuriar y calumniar a los representantes públicos. El gobierno municipal reclamará daños y perjuicios tras elevar a la Justicia algunas de las acusaciones que dicho ciudadano vierte en sus escritos.
En los últimos cinco años, el demandado ha presentado más de cien peticiones en el registro de entrada del ayuntamiento. Además, ha trasladado algunas de sus quejas a la Fiscalía y al Síndic de Greuges. El ejecutivo alcireño asegura que, si se tiene en cuenta «el elevado número de reclamaciones y que todas ellas han sido desestimadas, no hay un fin serio» y se considera legitimado para emprender acciones legales contra dicho vecino.
El gobierno de Alzira va un paso más allá al afirmar que los escritos presentados al ayuntamiento contienen «manifestaciones acusatorias sobre posibles delitos cometidos por funcionarios y miembros de la corporación, los cuales podrían ser presuntos delitos de injurias, calumnias y denuncias falsas».
El tripartito considera, incluso, que sería necesario calcular el coste en gastos de personal que ha supuesto tramitar y resolver todas las peticiones de dicho vecino para cuantificar el «daño económico que ha causado a las arcas municipales».
Con todo, el gobierno local considera «deseable» que los ciudadanos ejerzan una función de control de la administración y defiende el derecho a hacerlo, no obstante, «el problema se plantea cuando dicha intervención se convierte en una actitud persistente, inconsistente, reiterativa y fuera de lo que pueda considerarse normal», añade. Igualmente, señala que el vecino demandado actúa «en lo que considera la defensa de la legalidad, convirtiéndose en adalid de una causa común y de interés general que cree que debe proteger».
