El Ayuntamiento de La Pobla Llarga ha iniciado una investigación para averiguar la propiedad de dos campos abandonados ubicados junto al barranco de Barxeta con el objetivo de asumir la titularidad y continuar con la eliminación de vegetación y cañas en este espacio natural.
La limpieza del barranco de Barxeta llevada a cabo por el consistorio durante los dos últimos años se ha topado de lleno con dos parcelas de propiedad privada situadas al lado del mismo. No obstante, el ayuntamiento tiene constancia del abandono de ambos terrenos, por lo que ha procedido a la investigación de la titularidad del mismo.
El pleno municipal celebrado el pasado 11 de julio concluyó con un acuerdo para investigar los terrenos, de forma que se iniciaran los trámites para que ambos pasen a ser de propiedad municipal y se pudiera continuar con el acondicionamiento del barranco, el cual se está limpiando de cañas y vegetación, ante el riesgo de inundaciones por obstrucción del paso del gua.
El ayuntamiento ratificó su voluntad de hacerse cargo de las parcelas y continuar con la limpieza y la adecuación del barranco. «Tenemos constancia de que están abandonados, por lo que pensamos que no tienen propietarios», aseguró la alcaldesa de La Pobla, Neus Garrigues. La primera edil sentenció, además, que «no se trata de una expropiación, sino primero de identificar si los terrenos tienen o no algún titular».
Procedimiento de expropiación
El consistorio pretende conseguir la municipalización por la vía legal. Por ello, pese a que la gestión del barranco es competencia de la Confederación Hidrográfica del Xúquer, han iniciado los trámites de investigación.
Un vez pase el tiempo correspondiente de búsqueda de los propietarios y si no hay ningún tipo de respuesta, el expediente regresará al pleno municipal para que se autorice la expropiación. De esta forma, la inscripción pasará al Registro de la Propiedad, donde figurará como parcela municipal. El ayuntamiento pretende garantizar así la limpieza del barranco de Barxeta. Un proceso que empezó en el año 2014 con la solicitud a la empresa pública de la Diputació de València, Imelsa, para asegurar el transcurso del agua ante las lluvias.
