Abdelmahid Chiakhi, el marroquí residente en Alzira que fue investigado por supuestamente captar y adoctrinar internos para el Estado Islámico, debía abandonar ayer el centro penitenciario de Segovia, donde cumplía condena por malos tratos en el ámbito familiar. Archivada la causa por presunto yihadismo después de que la Audiencia Nacional comprobara que su única vinculación con unas cartas amenazantes que, dirigidas a Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, se recibieron en la sede del PP de la calle Génova de Madrid, era un preso con problemas psiquiátricos que figuraba como remitente y que le acusó de ser el autor intelectual, sus abogados habían conseguido que se aplicaran una serie de beneficios penitenciarios por buena conducta y ayer se disponían a firmar la libertad definitiva cuando se les comunicó que tenía pendiente una orden de la Delegación del Gobierno de Madrid -antes de recalar en Segovia estuvo internado en Soto del Real- fechada en abril de 2016 que decretaba la expulsión de Chiakhi del territorio nacional con la prohibición de entrada por un período de diez años.
La unidad de Extranjería de la Policía Nacional de Segovia había trasladado la noche anterior a sus dependencias a Chiakhi con la previsión de que ayer a mediodía embarcara en un avión en dirección a Marruecos, si bien un recurso y la solicitud de medidas cautelares formalizado por el despacho de abogados Vázquez-Sanmartín, que ha asumido la defensa de este marroquí que residió durante más de una década en Alzira, frenó la expulsión. El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid denegó ayer mismo aplicar medidas cautelares, pero la defensa ha ganado tiempo para armar un recurso contra una orden de expulsión que, según asegura Abdelmahid Chiakhi, nunca le fue notificada.
Chiakhi es recordado en Alzira por su mal carácter y la agresividad con la que trataba a su mujer e incluso a sus hijos, a pesar de sus aparentes problemas de movilidad ya que se desplazaba en silla de ruedas. Precisamente, cumplía condena por malos tratos. Ocupó una casa al final de la calle Doctor Ferran en la que en diversas ocasiones se tuvo que personar la policía.
Las fuerzas de seguridad le vincularon con el grupo terrorista del Estado Islámico a raíz de unas cartas amenazantes, escritas parcialmente en árabe, que fueron remitidas desde el centro penitenciario de Torredondo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Esperanza Aguirre, por otro interno que le acusó de ser el autor intelectual. Los testimonios recabados por el juzgado central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, que entonces ocupaba el magistrado Eloy Velasco, descartaron cualquier relación con la autoría de las cartas -un tercer interno de origen árabe reconoció haberlas escrito al dictado de un preso italiano con antecedentes psiquiátricos como un favor a cambio de hachís, aunque dijo desconocer el destino-, mientras que Abdelmahid Chiakhi declaró que la acusación contra él respondía a una venganza por su negativa a mantener relación sexuales con el promotor del texto, al que ahora ha denunciado en los tribunales por esa falsa acusación.
