Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La fiscal ve delito de odio en las amenazas de muerte a la edil alcireña Aida Ginestar

El Ministerio Público pide a Facebook y Twitter la identidad de los usuarios que vejaron a la concejal de Compromís tras un comentario irónico sobre la Iglesia

La fiscal ve delito de odio en las amenazas de muerte a la edil alcireña Aida Ginestar v. m. p

Un delito de odio. Con dicha calificación ha admitido a trámite la fiscalía la denuncia presentada por la edil de Compromís en Alzira Aida Ginestar tras recibir cientos de amenazas de muerte e insultos después de hacer un comentario satírico en las redes sociales. El Ministerio Público se acoge al artículo 510 1, a) del Código Penal contra un número aún indeterminado de personas que durante dos o tres días se dedicaron a linchar digitalmente a la concejal ribereña en portales de información próximos a la derecha y la extrema derecha y también desde perfiles privados.

Los comentarios propugnaban que a Ginestar se la quemase o fusilase, así como también su casa o sus padres. Una auténtica retahíla de salvajadas que la fiscalía considera que hay que investigar de forma minuciosa, por lo que ha pedido a las oficinas de Facebook y Twitter de España (a través de un mandamiento judicial) los datos de los registros, de momento, de una decena de personas y cinco medios de comunicación digitales. El objetivo es conocer su identidad y así poder actuar y buscar responsabilidades.

El Ministerio Fiscal incluso va más allá y exige que la instrucción de las presentes actuaciones sea declarada compleja a la vista de que involucra a un número indeterminado de investigados, por lo que las diligencias que se deben practicar son numerosas, «debiendo ser el plazo de instrucción aplicable a la misma de dieciocho meses, sin perjuicio de la prórroga de ésta en su caso, por igual o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes», según consta en el escrito de la fiscal. Algunos perfiles de Facebook que van a ser investigados son «Antipodemos Abierto», «Defenen Valencia», «Plataforma Valencianista PLV» o «Libertad Religiosa» de Twitter, algunos de ellos contra la izquierda política y otros de carácter identitario secesionista y contrarios a las líneas ideológicas de Compromís. Por ello observa la fiscal un delito de odio.

Todo aconteció a mediados de año. En una conversación sobre un tema político, Ginestar se preguntó entre bromas: «Però que queden esglesies encara? No les han cremat totes?». Respondía así a un comentario de un amigo que la tildaba de roja, siempre entre risas. Sin embargo, la sátira de la representante municipal fue mal acogida por algunos sectores, que empezaron a difundir el mensaje de forma descontextualizada, haciéndose eco incluso algunas plataformas que culpaban a la edil alcireña de incitar a la violencia. La desproporción se adueñó después del conflicto. Ginestar recibió amenazas de muerte e insultos tales como «vamos a recuperar el tiro en la nuca», «te vamos a quemar», «puta», «a ver si te queman a ti viva», «tanques en la calle y a ésta fusilarla sin más» o «pues mira, cacho zorra, aún quedan iglesias, pero si te parece te podemos meter a ti en una mezquita y prenderle fuego contigo dentro». Ginestar, viendo la relevancia de su broma, pidió perdón pocas horas después también a través de Facebook a pesar de tratarse de una broma, pero en Internet, cuando una información se saca del contexto, ya no hay barreras de contención. La problemática derivó en una baja médica de Aida Ginestar durante un mes en su puesto de trabajo. Es docente de profesión.

Las oleadas de comentarios insultantes y amenazantes superaron barreras estatales e incluso cruzaron el charco. Ahora la fiscal considera que dicha caza de brujas contra Ginestar «se realizó contra una persona muy concreta por razón de su pertenencia o adscripción a un determinado partido político. Las expresiones de odio que profiere de esas personas están motivadas a todas luces por motivos meramente ideológicos».

Por ello, se reclama la documentación a Facebook y Twitter para que a través de los datos de inscripción en las cuentas o por el IP de sus ordenadores se identifique a los responsables.

Compartir el artículo

stats