Un fraude de ley por un acceso encubierto a la función pública sin haber superado ninguna prueba ni proceso selectivo. La delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana se puso en contacto con el Ayuntamiento de Algemesí para obligarle a anular la subrogación de siete trabajadores de los servicios de limpieza de los colegios públicos Cervantes, Ribalta y Blasco Ibáñez, además del de educación especial. La respuesta del consistorio no se ha hecho esperar. Acatan, aunque no les guste.
«No entendemos por qué toman este tipo de medidas y nos obligan a optar por las empresas privadas cuando, si lo asumiese el ayuntamiento, los vecinos y vecinas de Algemesí se ahorrarían dinero», expuso ayer el edil de Personal, Asensio García. «Donde manda patrón no manda marinero», bromeó el concejal, que dijo que se trataba de una especie de artículo 155 (en referencia al decreto impuesto en Catalunya) y que ahora el ayuntamiento licitará la contrata. El PP había amenazado incluso con llegar a la Fiscalía para denunciar el caso.
El consistorio tomó la decisión de municipalizar el servicio de limpieza a pesar de los informes desfavorables emitidos en octubre por la interventora municipal y la jefa de Personal, según denunció ayer el PP local. También a pesar de los precedentes en el Ayuntamiento de Alzira, donde la reversión del servicio de radio y la piscina municipal fue recurrida por la Delegación del Gobierno. En julio, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de València daba la razón a la Delegación de Gobierno y anulaba el acuerdo de Alzira.
El conflicto empezó en junio, cuando la junta de gobierno aprobó -por razones puramente ideológicas, según el Partido Popular- no prorrogar el contrato suscrito con la empresa privada encargada de la limpieza de los colegios públicos.
El equipo de gobierno de Algemesí aprobó por unanimidad en junta de gobierno local de 27 de octubre la subrogación de las siete trabajadoras con «una decisión que evidencia la chulería y la prepotencia con la que gobiernan», manifestó ayer el PP. Sólo tres días después, el Servicio de Asuntos Jurídicos de la delegación de Gobierno remitía al ayuntamiento un requerimiento para que le aportasen la copia del expediente y todos los informes técnicos, que fueron facilitados por los funcionarios municipales. El día 14 de octubre, mediante otro requerimiento, la Delegación de Gobierno dio un mes de plazo al ayuntamiento para anular el acuerdo.
