El caso de corrupción urbanística en Montroi inició esta semana su fase judicial tras años de investigaciones (los primeros registros domiciliarios por parte de la Guardia Civil datan de 2010). Ya se conocen las consecuencias penales, con dieciséis personas que han confesado los delitos que les imputaba el ministerio fiscal. Ninguno de ellos ingresará en prisión. Por eso, los afectados por la trama se encomiendan más ahora al futuro PAI que regularizará la situación de decenas de chalés ubicados en l.
El presidente de la asociación de vecinos, Michel Myara, evitó ayer pronunciarse sobre el proceso judicial abierto al ser preguntado por Levante-EMV y prefirió no entrar en valoraciones: «Han reconocido sus delitos, muy bien. Nuestra preocupación ahora es que salga adelante el PAI que resolverá nuestros problemas. Lo otro es menos importante», afirmó.
En la misma línea se manifestó Linda, una mujer de origen británico que vive en Montroi con su marido Bob desde hace más de una década: «Bueno, es verdad que todos los políticos, notarios, empresarios y demás personas que estaban implicadas en el caso evitarán ir a prisión, pero, una vez han reconocido sus delitos, sinceramente, no me importa que vayan o no a la cárcel, eso a mí no me soluciona nada», aclaró a Levante-EMV. La pareja británica también se mostró deseosa por el desarrollo del futuro PAI. «Llevamos más de doce años aquí, ahora mismo lo que nos importa es que salga adelante el proyecto que legalizará la urbanización, lo único que queremos es pasar tranquilamente lo que nos queda de vida», aseguró Linda, que añadió: «Ya nos hemos reunido varias veces con el ayuntamiento en todo este tiempo, primero con el anterior alcalde, Antonio Polo, que nos ayudó mucho, con los políticos de ahora y con los técnicos de Urbanismo y esperamos que esto acabe pronto».
En ese sentido, cabe recordar que el fallecido exalcalde ya trató de sacar adelante un PAI que regulara la situación de las viviendas ilegales pero no lo logró. El equipo de gobierno actual, encabezado por Vanesa Baixauli, ha continuado esa línea de trabajo. De hecho, recientemente se han producido diversas reuniones y se ha explicado a los vecinos el proyecto y en el futuro habrá más.
Indemnizaciones
La investigación judicial puso de manifiesto la existencia de indicios razonables de delito en la ejecución de las obras de construcción de un total de 114 viviendas unifamiliares, de las que 62 se encuentran ubicadas en la urbanización Las Palomas. De modo que el esperado PAI daría cobertura a más de un centenar de chalés.
Más allá de la regularización y del no ingreso en prisión de los artífices de la trama inmobiliaria, cabe recordar que el juicio todavía debe determinar la responsabilidad civil que establecerá el pago de las indemnizaciones, algo que también afecta directamente a los vecinos de la urbanización. Esta cuestión se dirimirá en las nuevas sesiones de la vista oral, que se reanudará el próximo lunes. Como ya adelantó este periódico, el consistorio podría tener que hacer frente a dicho pago de indemnizaciones, aunque tratará de evitarlo ya que considera que se trata de un problema que implica únicamente a particulares.
