La sentencia de la Audiencia Provincial de València sobre el caso de corrupción urbanística de Montroi deja poco margen de error: la estafa no fue fruto de la casualidad y se urdió de manera minuciosa. La empresa constructora se fundó, según queda reflejado en el fallo, ex profeso para dicha finalidad. Morarim recibió, de decenas de personas, más de 14 millones de euros para edificar un sofisticado complejo de chalés que llegaría incluso a tener campo de golf y un lago navegable. Falsas promesas que, en el mejor de los casos, se convirtieron en viviendas que carecían de infraestructuras básicas.
