25 de noviembre de 2015
25.11.2015
Sentencia

Los presupuestos de Gandia que el PP aprobó en 2013 y 2014 eran ilegales

Una sentencia del TSJ anula el del año 2013 porque Torró no incluyó el pago de 8 millones a los bancos. Los jueces dicen que la supuesta negociación del exalcalde eran «meras afirmaciones».

25.11.2015 | 10:53

Los trece concejales que el PP de Gandia tenía en la pasada legislatura, un número que le permitió gobernar con mayoría absoluta, aprobaron los presupuestos municipales de 2013 y 2014 incumpliendo la ley porque en esos dos años no incluyeron el dinero necesario para devolver a los bancos los créditos que el ayuntamiento tenía contraídos.

Lo acaba de decir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) en una sentencia inédita. Es la primera vez que se anula un presupuesto municipal de Gandia por no ajustarse la ley. El TSJ se refiere exclusivamente al presupuesto de 2013, cuando el Gobierno que entonces presidía Arturo Torró no puso los ocho millones de euros que tendrían que haberse pagado a los bancos, pero es solo cuestión de tiempo que otra sentencia anule el presupuesto de 2014, por la sencilla razón de que el dinero que se debía a los bancos tampoco fue presupuestado.

Los 13 concejales del PP que votaron a favor no podrán alegar nunca falta de conocimiento. Cuando el entonces concejal de Hacienda, Guillermo Barber, llevó al pleno el presupuesto de 2013 se incluyó un informe del interventor municipal que dejaba bien a las claras que el documento era ilegal porque entre las prioridades absolutas de cualquier administración figura pagar lo que debe, y en primer lugar a las entidades bancarias que le prestaron dinero. Pese a eso, y también pese a las advertencias de los dos grupos que entonces eran oposición, PSPV-PSOE y Compromís, el PP aplicó su mayoría absoluta y dio vía verde a unas cuentas que ahora acaban de ser anuladas por sentencia judicial.

El recurso fue interpuesto por el concejal Vicent Mascarell en nombre del Grupo Socialista. En defensa del Gobierno local, el abogado del Ayuntamiento de Gandia se limitó a transmitir al tribunal las palabras mil veces repetidas por Arturo Torró. Argumentaba el alcalde del PP que no iba a pagar a los bancos porque estaba «negociando» con ellos y con el Ministerio de Hacienda una fórmula para devolver los créditos en plazos más cómodos.

Los jueces, sin embargo, no se lo creyeron porque el Gobierno local no aportó documentación de esa presunta negociación. «Son meras afirmaciones que no aportan el más mínimo documento», indica la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. El tribunal incluso le recrimina al exalcalde del PP que casi tres años después de haber aprobado el presupuesto de 2013 seguía sin presentarle el resultado de la negociación con los bancos y con el Ministerio de Hacienda.

Qué hacer ahora
La situación generada ahora por la anulación del presupuesto de Gandia de 2013 es toda una incógnita, sobre todo porque nunca se ha producido una situación como esta. Evidentemente, no se puede echar atrás en el cobro de impuestos y subvenciones, ni en el pago de nóminas, ayudas, obras y servicios que el Gobierno local llevó a cabo durante ese ejercicio.

El concejal socialista que interpuso el recurso judicial, Vicent Mascarell, que hoy es coordinador de Urbanismo en el ayuntamiento, señaló ayer que han remitido la sentencia al interventor para que informe de qué se puede hacer con la nulidad de un presupuesto que ya está liquidado. «Yo me atrevo a pensar que se trata de una sentencia inejecutable», añadía Mascarell, algo que, en todo caso, se podría atribuir a la lentitud del sistema judicial español.

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