03 de diciembre de 2015
03.12.2015
Investigación

La Fiscalía ve prevaricación de Torró y Reig por la «operación aplauso»

Pide al juez que investigue si el exalcalde del PP delinquió al perdonar 1,3 millones a Vipei SA en una rocambolesca compra. Los dos declararían como imputados tras la denuncia del socialista Vicent Mascarell.

03.12.2015 | 11:41
La Fiscalía ve prevaricación de Torró y Reig por la «operación aplauso»

En diciembre de 2011, apenas seis meses después de que el PP asumiera el Gobierno local de Gandia, el alcalde, Arturo Torró, anunció una sorprendente operación inmobiliaria a cuenta del erario público. Torró compró por 6,7 millones de euros la galería comercial del hotel Gandia Palace, situado en la playa, con el objetivo de «dinamizar y desestacionalizar la actividad turística». Aquella extraña compra, que Torró definió con euforia como la «operación aplauso», va a ser investigada por un juez, y la Fiscalía de Valencia ya ha pedido que Torró, y también quien era vicepresidente de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Javier Reig, declaren en calidad de imputados. El fiscal considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Ciertamente, la operación resultó de lo más confusa. A través de IPG, el Gobierno local del PP aprobó la compra a toda prisa y sin dar información a los grupos políticos. Pese a que Torró clamaba que había heredado un ayuntamiento y una empresa municipal en quiebra, adquirió la galería del hotel Gandia Palace y días después firmó un decreto para perdonar a la empresa propietaria, Vipei SA, 1,3 millones de euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no había pagado al ayuntamiento desde 2008.

A criterio de la Fiscalía, ese decreto permitió a Vipei levantar el embargo de inmuebles, de manera que el ayuntamiento «dejó de tener una garantía» para asegurarse el cobro del IBI pendiente y, además, se obligaba a pagar otros 5 millones de euros para cerrar la compra de esa parte del hotel.

Esta operación volvió a salir a la luz años después, cuando, forzado por la realidad, el Gobierno local sorprendió al anunciar que la compra no se había cerrado al descubrir que la galería comercial del hotel, junto al resto del inmueble, estaba embargada.

Pese a las explicaciones del exalcalde, el ayuntamiento escrituró el edificio a su nombre, pero nunca llevó los documentos al Registro de la Propiedad y, pese a eso, alquiló a la empresa Ozone los locales «comprados» para abrir locales de ocio, que cerraron en septiembre de 2014 por falta de rentabilidad.

En resumen, ni se han podido cobrar los 1,3 millones de euros del IBI a Vipei, ni se ha logrado dinamizar y desestacionalizar la playa de Gandia en invierno, como era el objetivo del Gobierno local. Y encima la quebrada IPG ha tenido que asumir una deuda de 5 millones de euros que deberá pagar al administrador concursal de la empresa propietaria del hotel.

El concejal socialista Vicent Mascarell, que denunció reiteradamente aquella operación, remitió la documentación a la Fiscalía de Valencia, que ha visto indicios de un delito de prevaricación, y pide al juez que cite como imputados a Arturo Torró y a Javier Reig. También solicita que se requieran informes al secretario e interventor del Ayuntamiento de Gandia y que la Intervención General de la Generalitat diga si la compra se adecuó a la legalidad.

«Todo está claro y es legal»

Ayer, al conocer el escrito de la Fiscalía, Arturo Torró señaló a este periódico que no está imputado, sino «investigado», y atribuyó la conclusión del fiscal al «engaño» por el relato de los hechos realizados por el socialista Vicent Mascarell. El exalcalde reiteró que la compra no se cerró, que toda la operación «está clara» y que se actuó siempre «dentro de la ley».

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