18 de octubre de 2017
18.10.2017
Trece años después

La fiscalía pide hasta 5 años de prisión para los responsables de una escuela taller de Tavernes

El exconcejal del PP, Antonio Bono, está entre los acusados y se enfrenta a un delito de falsedad documental continuada. Inscribieron en el programa a 23 jóvenes que no acudían ni a las clases ni a trabajar para no perder la subvención

18.10.2017 | 11:26
Una imagen de archivo del Ayuntamiento de Tavernes, donde tuvo lugar el curso del Servef.

La sección de delitos económicos y contra la corrupción de la Fiscalía Provincial de València ha pedido prisión para Antonio Bono, exconcejal del PP de Tavernes de la Valldigna, y otras cinco personas, por la gestión supuestamente irregular que hicieron, entre 2004 y 2005, de una escuela taller que puso en marcha el ayuntamiento de esa localidad con una ayuda del Servef de 938.292 euros.

Según el informe, que llega 13 años después de que ocurrieran los hechos y que supone la apertura de juicio oral, la denuncia se interpuso en el año 2006 por parte del sindicato UGT, tras detectar que un total de 23 personas habían sido inscritas «de forma ficticia» en ese programa para la lucha contra el desempleo, recibiendo un salario, cuando en realidad no acudieron ni una sola vez a los puestos que supuestamente tenían asignados.

Los acusados, además del edil que entonces ostentaba la delegación de Fomento Local, son Salvador F. V., funcionario con cargo de Agente de Desarrollo Local, Sofía R. B., directora de la escuela taller, Rosa María B. B. y Esther M. M., profesoras de la misma, y Lourdes P. S., encargada de la selección.

Según la fiscalía, el funcionario y Sofía R. confeccionaron una lista sin que los alumnos tuvieran que superar ningún proceso selectivo, al que obligaba las bases de la convocatoria de las ayudas. En el desarrollo de la actividad estaba previsto que tuvieran un contrato laboral con retribución y alta en la Seguridad Social.

Por otra parte, el auto señala que la directora de la escuela «actuando en concierto con el concejal y el agente de desarrollo local» inscribió «de manera ficticia» a un total de 18 alumnos que «nunca asistieron a las actividades formativas». Para dar apariencia de legalidad, las dos trabajadoras también acusadas se encargaban de firmar, «a requerimiento de la directora», las actas de asistencia de estos alumnos que no acudían.

Este proceso se siguió en las dos siguientes fases de la escuela taller, en la que se sumaron otras cuatro personas que no asistieron a las clases ni realizaron los trabajos para los que estaban contratados, sumando un total de 23. El programa tenía por objeto que 40 personas aprendieran oficios de albañilería, jardinería o electricidad.

El objetivo de esta operación era el de no perder la subvención del Servef y, por tanto, el dinero que se le había asignado al consistorio. Lo que lograban con esta práctica era simular que el programa contaba con suficiente número de alumnos para que se pudiera desarrollar y que la directora y el resto de trabajadoras que habían sido contratadas para llevarlo a cabo no perdieran su empleo.

El fiscal, por tanto, pide cinco años de prisión para Bono, el ADL y la directora de la escuela, «en concepto de coautores directos», por un delito continuado de falsificación documental. Tres años para las dos trabajadoras por el mismo hecho y cuatro para la responsable de selección por falsificación de documento público.

El fiscal, por otra parte, descarta que se hayan producido los delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedades particulares, que también pedía la denuncia.

Desde UGT, su secretario de Administración Local, Francisco Caballero, lamentó ayer que el fiscal acuse también una de las dos personas que destaparon el caso ante el Servef, una administración que, dijo, «hizo caso omiso» a la denuncia. Se trata de Rosa M. B., que fue despedida por denunciar esta práctica. Después fue indemnizada por nulidad del despido.

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