El Ayuntamiento de Gandia está a un paso de pasar a ser el titular del edificio de 72 viviendas situado en la calle Perú, junto al instituto Tirant lo Blanc, en donde desde hace años tienen lugar conflictos de convivencia y que saltó a la primera página el pasado octubre, cuando una reyerta entre dos clanes familiares acabó con una persona muerta y varias heridas de consideración.
Acelerando el proceso administrativo para deshacer el verdadero galimatías legal en que se ha convertido ese inmueble, ayer el Gobierno de Gandia dio el que se considera último paso antes de proclamarse en titular del edificio, aun a sabiendas de que ese acto seguramente será recurrido judicialmente por la empresa Immobles Reunits Catarroja, actual titular, que dejó las obras inacabadas y que, según el Ejecutivo gandiense, no colabora para evitar la ocupación ilegal de viviendas origen de los conflictos entre ciudadanos.
La empresa, con problemas de solvencia, ha hecho caso omiso al último requerimiento municipal, cuando se le dieron tres meses para que subsanara todas las deficiencias de la obra y acabara el edificio, que en gran parte está inhabitable. En total, sería necesario invertir en esa actuación más de medio millón de euros, según un informe técnico municipal.
Ante esta situación, el ayuntamiento ha optado por la vía de la resolución del contrato mediante el que el consistorio cedía la parcela, que es pública, para que la mercantil construyera el edificio y destinara las 72 viviendas a alquileres sociales.
Según señaló ayer el portavoz del Gobierno local, José Manuel Prieto, el ayuntamiento nunca atenderá la petición de la empresa de firmar un rescate de la concesión a cambio de abonarle cerca de cuatro millones de euros.
El tapiado, un posible destino
Mientras el conflicto se mantenga, y seguramente va para muy largo, lo que el ayuntamiento estima imprescindible es poder asumir la titularidad de todo el inmueble para poder actuar con mucha mayor contundencia contra las ocupaciones ilegales de viviendas que, entre otros aspectos, están en el origen de los conflictos sociales. Aunque no hay fechas, eso podría pasar en dos meses.
En ese sentido, el consistorio ya ha empezado a negociar con el Instituto de Crédito Oficial, que tiene subrogada la hipoteca para la construcción de la obra, a fin de acelerar al máximo los trámites que podrían acabar incluso con el tapiado total del edificio hasta que se pueda acabar. Mientras tanto, seguirá el dispositivo de seguridad activado hace meses para evitar más problemas.
