El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza no tramitó las denuncias que una víctima de violencia machista que se quitó la vida presentó en la comisaría de la isla contra su expareja Christian C. por enviarle mensajes amenazantes a través de la red social Facebook a pesar de que una sentencia le prohibía comunicarse con ella durante cinco años, según confirmaron fuentes de la Fiscalía.
Tras el suicidio de la mujer, Sara Calleja, el pasado 11 de julio, que la Policía Nacional considera «inducido» por su maltratador, se comprobó que en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer había dos denuncias sobre las que no se habían llevado a cabo actuación alguna. «No tenían ni número», resaltan fuentes conocedoras del caso, que apuntan que al parecer se encontraban «en secretaría», en el despacho de la secretaria judicial.
Ante esta situación, el Juzgado de Instrucción número 4, que es el que se encontraba de guardia cuando llegó el atestado sobre la muerte de Sara Calleja el día 14 de julio, hizo constar que las citadas denuncias «no estaban tramitadas» y ordenó «su tramitación y que se instruyeran las diligencias correspondientes», apuntan fuentes judiciales.
De León a Ibiza
Sara Calleja llegó a Ibiza, donde reside su hija, en diciembre para alejarse del calvario que sufría en León a causa del maltrato infligido por Christian C., con quien inició una relación sentimental en 2010 y con quien rompió en septiembre de 2013 víctima ya de malos tratos.
A partir de entonces las denuncias contra su expareja se sucedieron. Fueron hasta 15 las que presentó allí, donde se llegó a juzgar y condenar a Christian C. a 9 meses de cárcel por amenazas en el ámbito familiar. En dicha sentencia se acordó, entre otras medidas, la prohibición de comunicarse con Sara «por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático» en cinco años.
Pero los mensajes no cesaron y en Ibiza, Sara, cuyo caso llevaba la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección de víctimas de violencia de género, volvió a denunciar a Christian C. Las denuncias se presentaron en la comisaría, una en mayo y otra en junio, y ambas se remitieron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de la isla.
La primera entró el 19 de mayo. «La regla es que denuncia que entra, denuncia que el mismo día debe ser conocida, activada», indica el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Juan Carlos Torres, que está de baja médica.
Intención de inhibirse
El magistrado recuerda que al recibir la denuncia «se procedió correctamente» pues él ordenó «a la oficina judicial, a quien correspondiera de la oficina, que se incoara y diera traslado al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la competencia» del caso. Y es que apunta que la intención era «inhibirse a León» ya que había antecedentes allí, la víctima -que tenía «una orden de protección extensa en el tiempo»- llevaba pocos meses en Ibiza y «se enviaba también copia de la denuncia a León».
«Estos datos son los que a veces apuntan, y lo tiene dicho el Tribunal Supremo, a que la competencia es del juzgado donde ha venido viviendo habitualmente. Por eso inicialmente la decisión era esta», comenta Torres.
Sin embargo, parece que dicha orden no llegó a ejecutarse, pues si bien fuentes conocedoras del caso comentan que pudo iniciarse la redacción de un auto en este sentido, no se terminó ni tramitó. De hecho, la Fiscalía no recibió expediente alguno sobre este asunto.
Antes de suicidarse, Sara escribió una carta a la jueza que llevó su caso en León en la que relataba su calvario y también se quejaba de que había presentado dos denuncias más en Ibiza contra su acosador, en mayo y en junio, pero que no había recibido ninguna respuesta.
