27 de enero de 2016
27.01.2016
Operación policial

Condenados por narcotráfico y blanqueo los dos guardias civiles del caso Gorrión

La Audiencia de Valencia les impone 14 y 12 años en un fallo ordenado por el Tribunal Supremo

27.01.2016 | 01:08

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha dado marcha atrás y, por imperativo del Tribunal Supremo, ha condenado a Carlos P. M. y a Rafael S. C., los dos guardias civiles de Tavernes Blanques detenidos en 2008 en la «Operación Gorrión» contra una organización de tráfico de cocaína a gran escala, a 14 y 12 años de prisión, respectivamente, por narcotráfico y por blanqueo de capitales. La condena para el cabo Carlos P. M. es dos años más alta porque guardaba tres armas ilegales en su casa, lo que supone un delito de tenencia ilícita de armas.

El mismo magistrado que había absuelto a los 17 procesados en 2014 alegando nulidad del proceso al invalidar las escuchas telefónicas que llevaron a la Guardia Civil a desmantelar la trama impone ahora 17 años al cabecilla de la organización, el valenciano Fernando M. S. Además de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y tenencia ilícita de armas –también tenía una pistola ilegal–, le condenan por un delito de obstrucción a la Justicia, por participar junto a un presunto lugarteniente suyo aún no juzgado porque huyó de a Justicia en la paliza a un coprocesado en esta causa al que intentaron hacer cambiar su declaración a fuerza de patadas y puñetazos.

La víctima de esos golpes, Kemal M., que se negó a cambiar su versión y ha estado defendido por el letrado Noel Pont, es precisamente uno de los absueltos por falta de pruebas. También han sido exonerados Daniel C. N., defendido por Pedro Bermúdez, Francisco Javier L. S., cuyo abogado ha sido Carlos Barbas Galindo, David P. N., defendido por Miguel A. Sampedro, y Sergio V. N., cuya defensa ha ejercido Patricia Cogollos. Además de estos cinco, han sido absueltos otros cuatro acusados, por lo que sólo ha habido condena para ocho de los 17 enjuiciados.

Entre los otros cinco condenados destacan los 7 años impuestos al policía local de Pedralba Luis Aquilino L. G., ya que participó en las labores de extracción del puerto de Valencia de los 60 kilos de cocaína que la Guardia Civil intervino durante la explotación de la «Operación Gorrión» el 10 de octubre de 2008.

Los procesados –salvo dos que estaban en rebeldía– fueron juzgados en junio de 2014. La sección tercera de la Audiencia de Valencia absolvió a todos alegando que el primer auto dictado por el juez de Instrucción número 14 de Valencia estaba poco motivado, por lo que invalidaba todas las pruebas recogidas a partir de él en las escuchas telefónicas. Exactamente el argumento de las defensas.

Enriquecimiento patrimonial

Pero la Fiscalía recurrió y, en noviembre pasado, el Tribunal Supremo dio un tirón de orejas al tribunal valenciano y le dijo, no sólo que aquél primer auto de Instrucción 14 estaba perfectamente motivado y fundamentado, sino que debía dictar una nueva sentencia –contra la que cabe recurso– teniendo en cuenta las intervenciones telefónicas y sin celebrar nuevamente juicio.

Así, el tribunal valenciano no ha tenido más remedio que acatar la orden y emitir un nuevo fallo en el que describe sin piedad que Fernando M. S. era el jefe indiscutible de la trama y que los dos guardias civiles, que pidieron su reincorporación al servicio hace años al agotarse la sanción administrativa y no haberse producido aún la resolución judicial, no sólo colaboraban dando información y cobertura a la organización, sino que ambos eran miembros de pleno derecho de la misma. Es más, les condena por el blanqueo explicando cómo se enriquecieron incrementando sus patrimonios en 167.593 euros el cabo y en 114.313, el guardia gracias a esta actividad. Ambos han sido multados ahora con cuatro millones de euros cada uno y nunca más podrán ser agentes de la ley.

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