La pretemporada del Valencia arrancó ayer con un millonario golpe en los despachos. La Comisión Europea (CE) exige a siete clubes españoles la devolución de las ayudas económicas recibidas desde las administraciones públicas en los últimos años. Entre ellos el Valencia, obligado ahora a reembolsar 20,4 millones a la Generalitat para compensar el aval de 75 millones que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) otorgó a la Fundación Valencia CF en 2009. Ese aval permitió que la Fundación, sin apenas ingresos ni actividad económica, se hiciese con el 70% de las acciones del club blanquinegro.

En Mestalla sorprende que la cantidad de la multa sea tan elevada, sobre todo porque el dueño del club, Peter Lim, pagó los 91 millones de la deuda de la Fundación del club con Bankia, incluidos los intereses que había asumido la Generalitat. «Hemos pagado hasta el último céntimo. La situación del Valencia no tiene nada que ver con la del Hércules o el Elche», dice el club. Meriton había provisionado cinco millones para hacer frente al presumible castigo. La investigación de la CE, al igual que el caso Porxinos, era una de las «contingencias» que bloquearon durante meses la venta del club a Lim. El magnate singapurés analizó el escenario antes de adquirir las acciones del Valencia, convencido de poder afrontar una posible multa.

El Valencia ya trabaja con su equipo de abogados para presentar un recurso contra la instrucción de Bruselas. Además, en este proceso el Valencia pedirá la colaboración de la Generalitat „institución a la que debe abonar el dinero„ para elaborar de forma conjunta las alegaciones que permitan revertir la sanción económica. Desde el Valencia se argumenta que fue Peter Lim quien resolvió la deudas con Bankia y la Generalitat en 2014, cuando compró el club, por lo que sería injusto que tuviese que pagara ahora 20,4 millones por una operación efectuada en 2009.

El club resaltó ayer que la resolución todavía no había sido remitida de manera formal al Valencia y que, en cuanto esto ocurra, «se reserva el derecho de recurrirla ante el Tribunal General de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo».

La sanción tiene sus raíces en el verano de 2009, cuando el Valencia activó una ampliación de capital de 92 millones de euros. El IVF „el órgano financiero del gobierno valenciano„ concedió entonces a la Fundación Valencia CF un aval de 75 millones. Gracias a ese aval, la Fundación obtuvo de Bankia un crédito por ese importe, con el que pudo acudir a la ampliación de capital y comprar el 70% de las acciones del Valencia. Es decir, se hizo con el control de la sociedad gracias a los 75 millones prestados por Bankia y avalados por el IVF.

La intención final de aquella maniobra, inducida por Javier Gómez, „con el visto bueno del Consell de Francisco Camps y de la Bankia dirigida por José Luis Olivas „ era apartar de la propiedad del club blanquinegro al grupo Dalport, a quien el expresidente Vicente Soriano había vendido las acciones de las sociedad de Mestalla. Unos títulos que el supuesto empresario uruguayo de Dalport (Víctor Vicente Bravo) no pagó.

Un año después, el IVF incrementó su aval en favor de la Fundación en seis millones para atender el pago de los intereses del crédito con Bankia, ya que la Fundación se mostró incapaz de generar recursos económicos para cumplir con el calendario de pagos.

Según la CE, que empezó a investigar en 2013, el aval público del IVF permitió al Valencia obtener el préstamo en condiciones «más favorables». Al no haber pagado una «remuneración adecuada» por el aval, el club se benefició de una ventaja económica frente a otros clubes, que tienen que financiarse sin el respaldo del Estado. La financiación estatal «no estaba vinculada a un plan de reestructuración» del club con vistas a su viabilidad y no se aplicaron medidas compensatorias «para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda».

Bruselas exige al Valencia devolver la ayuda, cifrada en 20,4 millones. Esta cantidad es, según la CE, lL dinero que hubiese ingresado el IVF en caso de haber otorgado el aval en condiciones de mercado. El IVF concedió su aval con un interés del 0,5% anual, pese a ser una concesión de alto riesgo. La autoridad comunitaria considera que el aval debía haber ido acompañado de un interés superior al 5% y, por ello, la Fundación debía haber pagado cada año, desde 2009 hasta 2014 „cuando se cancela el crédito con Bankia„, un interés de más del 5%. Para compensarlo, el club, debe ahora abonar 20,4 millones.