El convenio para la ejecución de las obras del plan Confianza en Valencia que hoy se vota en un pleno extraordinario prevé que la Generalitat delegue en el Ayuntamiento de Valencia la ejecución del 80% de las obras (67 millones de inversión), pero sin adelantar el dinero. Serán las empresas adjudicatarias las que asuman el riesgo. Así lo advirtió ayer el PSPV. Se trata de una diferencia sustancial en relación al planE que sí ingresó al ayuntamiento el 70% de la inversión al inicio de las obras.
La Generalitat, que está extendiendo la fórmula del pago aplazado dada su asfixia económica, se reserva en el convenio la ejecución de 14 proyectos (por valor de 93,5 millones de euros) previstos y pendientes desde hace años. Entre ellos, el plan de reforma interior del Cabanyal, el plan de la muralla islámica del Carmen y el plan de rehabilitación de Russafa. Barberá confía en el plan autonómico para dar un impulso definitivo a la prolongación de Blasco Ibáñez.
La alcaldesa no arrojó ayer demasiada luz sobre la financiación de las obras. Se limitó a decir que "las inversiones [del plan autonómico] se ejecutarán en los plazos oportunos" y que los socialistas "están fuera de la realidad". La portavoz socialista en el ayuntamiento, Carmen Alborch, lamentó que Barberá se muestre "sumisa con Camps y agresiva con Zapatero". Rita Barberá calificó recientemente de "estafa política" el plan Zapatero por no abonar el 30% pendiente de las inversiones hasta la certificación final de las obras. También comentó que el ayuntamiento no estaba en condiciones de asumir los pagos que quedan del plan estatal.
La idea de que sean las empresas las que adelanten los pagos no sólo generó ayer dudas en el PSPV. "no es lo normal", apuntaron fuentes del PP. Lo habitual es que la Administración pague a medida que se presentan certificaciones de obra, normalmente, cada mes. "Las empresas deben ser informadas de cómo y cuándo se les va pagar", apuntan otras fuentes municipales que dudan de que haya muchos empresarios que puedan asumir el riesgo con el actual panorama de crisis y con los bancos sin ganas de abrir el grifo al crédito.
"Camps está desfondado y Rita Barberá vuelve a ser cómplice de sus mentiras y fantasías", subrayó Carmen Alborch, a cuyo grupo no le quedará hoy otra que votar a favor del convenio que permitirá empezar a licitar las obras del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva.
Carteles el doble de grandes
La representante socialista recordó que Camps se comprometió a que los proyectos empezaran a licitarse en junio y, cuatro meses después, no se ha informado sobre la licitación de ninguno de los 76 proyectos aprobados a Valencia.
El concejal Juan Ferrer advirtió de que no serán la Generalitat ni el Ayuntamiento los que asuman el coste de las obras sino "las tesorerías de las empresas". "El ayuntamiento no ingresará los fondos hasta que no se acaben las obras", recalcó Ferrer. El concejal también hizo alusión a los carteles del plan Camps y recordó que "son igual o el doble de grandes" que los de Zapatero. Barberá, cuyas acaloradas críticas a los cartelones de obra fueron secundadas por el propio Mariano Rajoy, definió el planE como "unas obritas para poner un cartel".
