La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias penales para determinar la legalidad de la operación inmobiliaria de permuta de la antigua fábrica de Tabacalera aprobada por el Ayuntamiento de Valencia en 2005, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.
La decisión se produce después de que el grupo municipal socialista denunciara el pasado 18 de diciembre al Gobierno municipal ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de prevaricación relacionado con la permuta.
El PSPV sostiene que el Consistorio perdió la posibilidad de ingresar 60 millones de euros con esa operación, en la que se recurrió al procedimiento de permuta en lugar de la subasta y se lograron unos beneficios privados superiores a los cien millones de euros.
Según la formación, quien califica la actuación de "el mayor pelotazo urbanístico" de la etapa de gobierno de Rita Barberá, la valoración del inmueble donde se van a construir viviendas fue de 2.000 euros por metro cuadrado, una cifra "tres veces inferior" a la obtenida por el antiguo edificio de juzgados de la calle de Navarro Reverter, que por subasta superó los 7.000 euros.
El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó en 2001 un acuerdo por el que el edificio de Tabacalera no tendría aprovechamiento residencial, sino otros usos (administrativo, terciario o comercial), pero cuatro años más tarde se firmó un convenio con la promotora Guadalmedina para recalificar el edificio y en 2006 se aprobó la recalificación urbanística a través de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La mercantil Guadalmedina compró Tabacalera por un coste total de 60 millones de euros, cifra que supone para el Consistorio una pérdida equivalente al presupuesto de inversiones de todo un año, según Alborch.
En la denuncia del PSPV, suscrita por todos los concejales socialistas, se alegan presuntas actuaciones delictivas, como la destrucción de parte de un edificio catalogado para permitir un aprovechamiento urbanístico por parte de Guadalmedina, que se lleva a cabo a través de la modificación del PGOU para la antigua fábrica de tabacos y el Edificio Municipal Administrativo de la calle Navarro Reverter.
Este inmueble se le entregó a esa mercantil mediante permuta, en lugar de subasta que es el procedimiento ordinario, y en su lugar su inmobiliaria IGSA podrá construir 11.542 metros cuadrados de edificabilidad más 140 plazas de garaje, en un "espacio privilegiado" del centro de la ciudad con vistas al río.
El grupo socialista lamenta que la permuta tenga como consecuencia un "enriquecimiento injusto" de la mercantil, evaluable en 110 millones de euros. Además, asegura que en España existen diez Tabacaleras históricas de principios de siglo, entre ellas las de Málaga, Madrid, San Sebastián y Santander, y "ninguna de ellas ha pasado a manos privadas" sino que se han mantenido como dotaciones públicas.
La denuncia apunta que el 26 de noviembre de 2007 las máquinas excavadoras comenzaron los derribos de las naves laterales y traseras de Tabacalera, actuación que se ejecuta en diez días "cuando el proyecto de demoliciones hablaba de un plazo entre cinco y seis semanas".
La Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura ha remitido escritos al Ayuntamiento y a la Generalitat advirtiendo de que, en base a la Ley de Patrimonio Histórico, en este caso se aplicaría el supuesto de expolio al patrimonio.
