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"Si por mi fuera, la estatua desaparecería o la fundiría". Con esta contundencia se pronunció ayer Vicent Garcés, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia en el año 1983, cuando la estatua ecuestre de Franco salió de la entonces llamada Plaza del País Valencià para ocupar uno de los patios interiores de la Capitanía General. A su juicio, el segundo traslado que previsiblemente se producirá hoy desde este emplazamiento a la base de Bétera no resuelve definitivamente el conflicto que genera este monumento, erigido a un dictador cuyo recuerdo "no debe estar presente en ningún espacio público".

Ayer, día festivo en la Comunitat Valenciana y jornada de cierre en los cuarteles militares, la actividad era mínima en la antigua Capitanía General, ahora cuartel general adscrito al Cuartel General de Alta Disponibilidad de la OTAN, con sede en Bétera. No obstante, al menos en Valencia había síntomas evidentes de que el traslado está completamente ultimado. En la calle Ximénez de Sandoval, en el lateral por el que debe salir la estatua con ayuda de una grúa, la Policía Local había prohibido aparcar entre las 11 de la noche de ayer y las 14 horas de hoy.

Se calcula que a esa hora la estatua ya debe estar en su destino final, un almacén de la Unidad de Servicios de la Base de Bétera, donde permanecerá tapada con una tela hasta que haya una nueva decisión sobre su futuro, si es que algún día la hay.

Conflicto abierto

En círculos de la izquierda valenciana, de hecho, entienden que el destino debería ser otro. Aunque se ha logrado que no vaya al Museo Histórico Militar de Valencia, como quería el equipo de Gobierno del PP, hay quien piensa que la estatua debería desaparecer para siempre. "A mi personalmente no me parece bien que la lleven a Bétera. Deberían hacerla desaparecer, desmantelarla o fundirla", asegura Garcés, uno de los políticos que, en calidad de concejal de Cultura, vivieron en primera persona el complicado y accidentado traslado del 9 de septiembre de 1983.

Garcés recuerda que en aquella ocasión, el equipo de Pérez Casado "tuvo muchas complicaciones técnicas y políticas": técnicas porque "el camión de la Diputación no tenía fuerza para sacar la estatua ni algunos voluntarios, que tuvieron que actuar encapuchados, soportaron la presión y las agresiones"; y políticas porque "la extrema derecha, tan sólo dos años después del 23-F, estaba muy movilizada y contaba con el apoyo de Alianza Popular, que tenía acceso a la información por tener representación en el consistorio".

La presión del Ejército

Se enfrentaban, finalmente, a la resistencia de las Fuerzas Armadas, que "al contrario de lo que ocurre ahora, no habían asumido la normalidad democrática y opinaban de todo". Precisamente, esa presión pudo ser uno de los factores que más pesaron en la decisión de trasladar la estatua a la Capitanía y no al Museo Militar. "No digo que fuera una concesión al Ejército, pero sí se escuchó su opinión", asegura Garcés, que entiende que este asunto debería haber quedado zanjado mucho antes. "Cuanto más tarde se hagan las cosas peor", dice el ex concejal, cuya opinión personal es que la estatua debería desaparecer para siempre.