Doce kilómetros separan la plaza del Ayuntamiento de Valencia de Alaquàs, distancia que recorrieron ayer por la tarde centenares de «indignados» pese a los nubarrones que amenazaban tormenta. Antes, una cacerolada reunió a decenas de manifestantes en el epicentro de lo que en su día fue llamada «Plaça del 15M». Algunas de las asambleas de barrios de este movimiento social, sumadas a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH), así como los «iaioflautas» y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la deuda del País Valencià, protagonizaron la marcha dels «porquets indignats», al grito de: «No debemos, no pagamos».
Rescate financiero, recortes o la cifra de desahucios, 8.613 en el segundo trimestre del año en la Comunitat Valenciana, alentaron las quejas de estos ciudadanos, enmarcada asimismo en una protesta global realizada en más ciudades españolas. La iniciativa internacional Global Noise-Ruido Global buscó mostrar su rechazo a la deuda pública y la especulación bancaria.
Sobre las ocho de la tarde, cerca de 300 personas llegaron al parque Dijous, de Alaquàs, donde se proyectaron la mayoría de las actividades durante el día. Por la mañana, una feria solidaria bajo el lema «Per un habitatge digne», organizada por la PAH Valencia, PAH Horta Sud y la Coordinadora pel Dret a l’Habitatge. Por la tarde, con la llegada de la «marxa dels porquets indignats» comenzó el festival «Ningú sense sostre 2012», la recaudación del cual se destinará a la ayuda a estos colectivos. Al cierre de esta edición se habían vendido más de 500 entradas. También se recogieron firmas para la Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la ley hipotecaria.
«Una situación límite»
El PSPV y Esquerra Unida en las Corts Valencianes reclamaron ayer medidas contra los desahucios, ya que la Comunitat Valenciana se sitúa «prácticamente a la cabeza en el número de desahuciados» y «se ha llegado al límite». La portavoz socialista de Vivienda, María José Salvador, denunció que el plan extraordinario de alquiler para los desahuciados anunciado «hasta tres veces» por la conselleria «está a punto de expirar y todavía no se ha firmado ningún convenio con los ayuntamientos». Salvador hizo hincapié sobre los datos del segundo trimestre, donde el número de desahucios se ha incrementado de 8.222 a 8.613 en la Comunitat Valenciana: 3.206 en la provincia de Alicante, 4.345 en la de Valencia y 1.062 en Castellón.
Por su parte, la diputada de EUPV Marina Albiol declaró con ocasión de esta jornada que su formación presentará una proposición no de ley para instar al Gobierno central a que ejecute cambios legales para evitar que una familia pueda ser desahuciada de su única vivienda.
Respondiendo a estas acusaciones, la portavoz de Vivienda del grupo popular en las Corts, Verónica Marcos, afirmó que el Gobierno valenciano y los ayuntamientos trabajan de forma conjunta en estos convenios. «Se trata de un proceso que requiere de unos trámites y procesos», aclaró.
