Expertos, empresas y grupos políticos coinciden en señalar la retirada de ayudas por parte de la Generalitat como una de las principales causas del aumento del picudo rojo en las palmeras de titularidad privada. Fuentes de la Conselleria de Agricultura confirmaron ayer que en la actualidad su labor con los particulares se limita al asesoramiento y a la concesión de ayudas en lugares próximos a un palmeral histórico, situación que sólo se da en Elx. Y esa ausencia prácticamente total de subvenciones hace, según todas las fuentes, que los particulares se abstengan de aplicar los tratamientos contra esta plaga, que resultan extremadamente caros.
El profesor Ballester Olmos explicó que la primera acción de la Conselleria de Agricultura fue poner en marcha una estrategia encaminada a la «erradicación» de la plaga, pero ese plan fracasó y finalmente se retiraron las ayudas para la curación o la retirada de ejemplares. «Ahora el problema se ha ido de dimensión», dice. Sólo las investigaciones en lucha biológica que se están haciendo en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias o las universidades de Alicante y la Politécnica de Valencia pueden acabar con la plaga. Se trataría, dijo Olmos, de buscar una especie que acabe con el picudo, porque la solución química es cara e insuficiente.
También las empresas dedicadas al cuidado de palmeras creen que sería bueno ayudar a los particulares desde la administración pública. «Antes venían a fumigar y ayudaban a la retirada de ejemplares según los metros de tronco», recuerda un portavoz de Podavalti, pero ahora «eso ya no existe» y únicamente cuidan sus palmeras aquellos que tienen motivos «sentimentales».
Salvando al ayuntamiento
Y los grupos de la oposición exigen medidas a la Generalitat para abordar este problema, ya que el ayuntamiento no puede actuar en propiedades privadas y, a su juicio, cumple con su cometido en lo público. Isabel Dolz, concejal socialista, cree que la retirada de subvenciones fue muy negativa, por lo que propone que se obligue a los propietarios a actuar con un plan de ayudas por delante. «Aunque claro, si no hay para comer, no van a dar para el picudo», reflexiona.
Con la situación actual, la plaga está fuera de control, explica, de manera que «es urgente empezar a controlar la tala y el traslado», una labor que es de la Generalitat. «Lo que no puede ser es que la gente llame y le digan que ya no hay subvenciones», precisa.
Para la concejal de EUPV Rosa Albert, el problema es de «falta de recursos» y la solución está en manos del legislador. Por su parte, Pilar Soriano, de Compromís, responsabiliza únicamente a la conselleria y defiende el «encomiable trabajo» de los servicios municipales. Sugiere, no obstante, la apertura de un teléfono público para que los afectados puedan recibir asesoramiento.
