El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) desveló ayer que el número de contratos de alquiler social que se han tramitado en un año para desahuciados, a través de los dos convenios suscritos por el ayuntamiento con la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, «es de tan sólo 16», una cifra que demuestra «la falta de interés del PP en poner los recursos necesarios para garantizar el derecho constitucional a una vivienda».
La concejaal de EUPV, Rosa Albert, señaló que según estos datos facilitados por la concejala de Bienestar Social e Integración, Ana Albert, a una pregunta formulada por EUPV en el último pleno, desde que se firmó dicho convenio, hace ya más de un año, se han tramitado un total de 16 contratos de alquiler social mientras en 2013 «cerca de 50.000 familias fueron desahuciadas de sus viviendas, y el PP ha sido incapaz de ofrecer medidas que ofrezcan soluciones reales».
La edil calificó como «insuficiente» este convenio y ha instado a la Concejalía de Bienestar Social a que lo revise y lo adapte «de manera que pueda dar respuesta a la problemática que supone que familias valencianas sean tiradas de sus casas sin que las administraciones correspondientes den una solución».
Asimismo, Albert recordó al equipo de gobierno del PP que además de este convenio, el Ayuntamiento de Valencia tiene capacidad para poder ofrecer otras alternativas a las familias víctimas de un desahucio, dotando partidas presupuestarias suficientes en los presupuestos y poniendo a disposición de Bienestar Social todas las viviendas propiedad municipal que en estos momentos se encuentran vacías. «En definitiva, se trata de una cuestión de voluntad política: el PP debe decidir entre poner todos sus recursos a disposición de la ciudadanía o seguir sin reconocer la realidad y dar la espalda a esta situación», dijo Albert.
