Un juzgado de Valencia ha citado a declarar a la exdirectora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, sor Aurora Gallego, por negarse a facilitar los datos de las mujeres que dieron a luz en dicha institución y cuyos hijos fueron dados en adopción en contra de su voluntad.
El auto del juzgado de instrucción número 19 de Valencia admite así a tramite la querella por un delito contra la integridad moral presentada por el abogado y presidente de la Fundación Raíces y Derechos, Enrique Vila, quien fue adoptado en la propia Casa Cuna Santa Isabel y desconoce quien fue su madre biológica.
El juez también cita a declarar al abogado Eduardo García Sentandreu, que hasta la fecha custodia los archivos de las adopciones, y a la actual directora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia.
Los tres querellados están citados a declarar el próximo 26 de mayo, según indica la resolución judicial, que afirma que los hechos denunciados podrían ser "constitutivos de un delito contra la integridad moral de las personas".
Enrique Vila es adoptado, y lleva casi dos décadas intentando que desde la Casa Cuna Santa Isabel se le facilite el nombre de su madre biológica, hasta ahora sin éxito.
Vila asegura en un comunicado que la apertura de la vía judicial contra las religiosas de la Casa Cuna Santa Isabel puede ser un "hito procesal" que permita descubrir "la trama de compraventa de niños en este centro de acogida de Valencia, que tramitó miles de adopciones".
Según indica, hasta la fecha, "sor Aurora y el letrado que custodia los archivos de las adopciones, Eduardo García, se han negado rotundamente a facilitar los datos de las mujeres que dieron a luz en dicha institución, pese a que los Juzgados y la Audiencia Provincial de Valencia, les han requerido reiteradamente a ello".
Afirma que no existe "motivo alguno para esta negativa, y en otras sedes de la Casa Cuna Santa Isabel, como en Barcelona, sí que se han entregado los nombres de las madres tras un requerimiento judicial".
"Pese a las presuntas irregularidades, el centro religioso sigue siendo en la actualidad subvencionado por las instituciones públicas valencianas, y la labor de su directora premiada y reconocida por determinados sectores políticos y sociales", denuncia Vila.
Según afirma, tras la negativa de las religiosas y del abogado que custodia los expedientes de adopción a entregar los datos de la madre biológica, "podría ocultarse una adopción irregular contra la voluntad de la madre, ya que por el recién nacido se pagó más de un millón de pesetas en el año 1965".
