«Tenemos un objetivo: hacer de Valencia una ciudad libre de desahucios». Así lo aseguró ayer el alcalde Joan Ribó, acompañado de la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez y de la de Vivienda, Maria Oliver. Sin embargo, una cosa es la teoría , y otra, la práctica. En la teoría, Ribó aseguró que el gobierno tripartito conseguirá «que en Valencia no haya desahucios», además de procurar «una salida digna para los afectados» ya que la vivienda «es un derecho básico y constitucional». En la práctica, la policía local no participará en ningún desalojo mientras el alcalde está trabajando para evitar el desahucio de «un caso muy particular», el de una mujer de 70 años, discapacitada y sin recursos que tiene una orden de lanzamiento prevista para este martes. «Espero que no se produzca el lanzamiento. Debe haber una sentencia judicial. Y estamos trabajando para que esa sentencia evite el desahucio. Estamos trabajando ahí. Que entienda la Justicia que es poco humanitario ejecutar un desahucio a esta persona. Siempre entendiendo que la Justicia es una estancia independiente», explicó el alcalde.

Entonces, ¿qué medidas ha adoptado el alcalde para ayudar a esta vecina? Ribó enumeró las distintas acciones que ha realizado, en coordinación con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), entre las que destaca el envío de cartas a todos los bancos implicados „ya que la entidad afectada (Banco Primus), pertenece al BCP, un conglomerado de entidades francesas y filiales en Portugal„ para explicarles «el daño que pueden causar», así como pedir la intervención del cónsul de Francia porque «no es fácil localizar este banco, que opera por internet. Y me ha prometido hacer todas las instancias necesarias para poder solventar el tema». Pero ahí no acaba la cosa. «Nosotros nos atreveríamos a sugerir a la Administración de Justicia que evalúe este caso y lo analice con detenimiento porque está, al menos, en la frontera de lo que marca la estrecha e insuficiente legislación española. Creemos que hay elementos suficientes para que desde la Justicia no se realice este desahucio», explicó el alcalde de la ciudad.

Por ello, Ribó aseguró ayer que aunque existe un plan B por si el desalojo se llegara a producir, no es la prioridad del gobierno. «El plan es que no se produzca el desahucio. Es el único plan que nos parece humanitariamente razonable. La manera de garantizar la vivienda es luchar para que ese desahucio no se produzca el martes. Y en esas estamos», concretó.

Gómez, por su parte, puntualizó que el anterior Gobierno «apoyaba a los bancos y a los juzgados, pero ésto, no».

Para conseguir el objetivo final, el ayuntamiento pondrá en marcha una serie de medidas que aún están por concretar. Eso sí, lo que es seguro es que el ayuntamiento «no trabajará» con entidades que ejecuten lanzamientos. «En este caso, sin embargo, al igual que en bancos que operan por internet el margen de actuación es difícil porque tienen una política muy agresiva, no hay oficinas y esta consistorio no trabaja con ellos», apuntó. Eso sí, el martes habrá representación municipal junto a la PAH luchando por evitar el desahucio.

El PP, por su parte, lamentó ayer que Ribó lleve dos meses y medio sin aprobar el plan que dejaron preparado „y que contemplaba ayudas de 340 euros a familias afectadas con una dotación de 500.000 euros„ y prefieran «recurrir a medidas que obstruyen la acción de la justicia».