La situación de los hosteleros de la marina real Juan Carlos I es «muy preocupante». Así lo dijo ayer el teniente alcalde de Turismo, Joan Calabuig, tras reunirse con los representantes de estos empresarios, que denuncian la descoordinación y l a inseguridad jurídica en la marina, donde prácticamente ninguna de las concesiones del Consorcio Valencia 2007 está avalada por la licencia de actividad del Ayuntamiento de Valencia. La gestión de la marina es especial porque, pese a que se cedió a la ciudad hace ya más de dos años, en este ámbito coexisten normativas de distintas administraciones (portuaria, estatal, autonómica y municipal). El Consorcio Valencia 2007 responsable de armonizar esas normativas lleva en situación de provisionalidad desde las elecciones de mayo y el plan de usos aprobado en la pasada legilstatura para sentar las bases del desarrollo de este nuevo barrio de Valencia parece ahora papel mojado.
Un caso palmario del atasco en el servicio de licencias del Ayuntamiento, que ahora depende del concejal de Compromís, Carlos Galiana, es el club de playa, una concesión adjudicada el año pasado por el Consorcio que debía abrir en la primavera pasada y que no ha podido hacerlo al no haber recibido aún la licencia de actividad. Las instalaciones del club de playa están acabadas y sin uso. El promotor del club de playa, Antonio Calero, se queja de que el ayuntamiento no da licencia pero el Consorcio le exige el pago del canon.
«El ayuntamiento tiene que ser consciente de que la marina no es la plaza de la Virgen ni Conde Altea, es un espacio especial, y se deben agilizar las licencias para que los locales puedan legalizarse», recalcó ayer el portavoz de los hosteleros de la marina, José Ramón Gisbert. «¿Como es posible que te den una concesión y luego pongan mil pegas cuando pides las licencias?» Y es que la casuística de los negocios en la marina es muy variada, un ejemplo es el de los locales de restauración junto al Veles e Vents que no constan en el ayuntamiento porque se hicieron durante la Copa del América sin licencia de obras.
El problema se arrastra de la Copa del América cuando se permitió la instalación de negocios en la marina con una simple declaración de responsabilidad. A los problemas de inseguridad jurídica, provisionalidad y fuga de inversores, se suman cuestiones de intencia como la mejora del alumbrado o la señalización „mejor dicho, la ausencia de ella„, que siguen pendientes.
Un director antes de elecciones
Tras la marcha del anterior director general, Pablo Landecho, después del cambio de gobierno, en la marina real no hay mando. Joan Calabuig admitió que el problema de la marina real no es la revisión del plan de usos, porque es un documento muy abierto, sino la «falta de liderazgo», de «autoridad» para tomar decisiones en la marina. Por esto, Calabuig emplazó ayer a las otras dos administraciones implicadas en el Consorcio Valencia 2007 a implicarse para nombrar el nuevo director general del organismo, que a su juicio debe ser «una persona de consenso y con un pérfil técnico», y acabar así con las «dudas sobre el futuro» de la marina real. Calabuig incluso apuntó a la posibilidad de un nuevo órgano de gestión, distinto del consorcio de administraciones, más ágil y eficaz.
