El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, reconoció ayer al término del consejo de administración que la entidad «no espera cobrar» la deuda del Consorcio Valencia 2007, que en la actualidad se eleva a 23,1 millones de euros en concepto de obras que sufragó el recinto del Grao para la celebración de la Copa del América, en concreto para la construcción del canal, así como por tasas y tarifas que todavía adeuda el citado organismo público „participado por el Gobierno central, Generalitat y Ayuntamiento„ por ocupación de dominios portuarios.

Aurelio Martínez aseguró que la APV realizará dotaciones en su balance para hacer frente a este pasivo, que lastrará su cuenta de explotación de 2016. «Tenemos que sanear nuestras cuentas», indicó Martínez. Sea como fuere, el mandatario del puerto puntualizó que «no se renuncia a seguir reclamando el pago de la deuda, sobre la que se ha aprobado un aplazamiento y fraccionamiento a largo plazo (entre los años 2016-2048), según aseguró ayer el director general de Planificación Estratégica, Ramón Gómez-Ferrar.

La situación económica del Consorcio Valencia 2007 es asfixiante. El organismo que gestiona la Marina Real Juan Carlos I está lastrado por una deuda de 420 millones de euros en obras de la Copa del América a los que de momento está haciendo frente el Estado como avalista.

Embargo del Santander

Sin embargo la carga financiera más acuciante para el Consorcio son los créditos y pólizas de seguro de 66 millones de euros que contrajo para hacer frente a sus gastos y que han acarreado un embargo de las cuentas del Consorcio por parte del Santander.

Fuentes del Consorcio explicaron que el aplazamiento aprobado ayer por el puerto se refiere a las tasas de ocupación, entorno a un millón de euros. La cantidad restante (23 millones) se refiere a los costes de reposición por las obras del canal que asumió el puerto y cuyo importe quiere ahora recuperar, algo con lo que el Consorcio no está de acuerdo. Martínez volvió a insistir ayer en que la APV no puede renunciar a este suelo para sus usos logísticos y portuarios.