La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia acordó ayer la suspensión temporal de empleo y sueldo de los otros siete asesores del Grupo Popular investigados en el marco de la Operación Taula. A principios de febrero el tripartito ya apartó de sus funciones al popular Luis Salom sin esperar a que se hiciera público el secreto del sumario, mientras que ayer tomaron la decisión al disponer ya de toda la documentación, ya que el consistorio se ha personado como acusación. Este era el «informe jurídico» que el equipo de gobierno necesitaba para dar el paso y, además, abrir expediente disciplinario a otros tres funcionarios vinculados al Grupo Popular.
El teniente de alcalde Jordi Peris explicó que al personarse el Ayuntamiento de Valenciana en la causa como acusación, ha recibido todo el expediente y ha podido corroborar qué asesores y funcionarios adscritos al grupo popular mantenían su condición de investigados (antes imputados), a los que se les acusa de un supuesto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular.
Mientras a los funcionarios se les abre un expediente disciplinario, en el caso de los asesores se les suspende de empleo y sueldo, aunque Peris admitió durante su comparecencia que siguen cobrando el salario mínimo base, ya que así está estipulado en el reglamento del funcionariado para estos casos, que es el que se le aplica al personal de confianza.
Fuentes del Gobierno Local confirmaron que los asesores seguirán cobrando durante los seis meses en que están suspendidos de empleo y sueldo la cantidad de 1.120,15 euros mensuales.
Preguntado por si los asesores podrán acceder al consistorio, Jordi Peris aclaró que no pueden «desempeñar su labor» y, por tanto, «no les corresponde ir al ayuntamiento», aunque es conocido que Luis Salom ha continuado acudiendo a los locales del PP.
El también portavoz de València en Comú aseguró que se han amparado en informes jurídicos para tomar esta decisión, aunque Luis Salom denunció que en la documentación tan solo se había presentado el decreto impulsor del concejal de Personal y el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
PP: «Es una medida totalitaria»
Precisamente, Luis Salom presentó una recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó su suspensión de empleo y sueldo. El próximo 24 de mayo el Ayuntamiento tiene que personarse ante los tribunales para resolver la «legalidad de una suspensión absolutamente arbitraria», a su juicio, tomada en un momento en que todavía no se había levantado el secreto del sumario y por tanto, se desconocía de qué se le acusaba.
La reacción oficial del PP no se hizo esperar. El Grupo Popular considera que la suspensión de empleo de los asesores «puede implicar la vulneración derechos fundamentales» porque no se tiene en cuenta «la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y los tiempos del proceso judicial de las personas afectadas». El portavoz del grupo, Eusebio Monzó, dijo que era una media «injusta, arbitraria, cobarde y totalitaria» y que su único objetivo «es reducir el trabajo de la oposición para que Ribó pueda campar a sus anchas».
