La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia decidió ayer pedir informes a los servicios jurídicos municipales para en su caso, proceder judicialmente contra la anterior concesionaria de la grúa municipal, la empresa Servicleop. Según explicó la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, tanto la Concejalía de Hacienda como la de Seguridad Ciudadana creen que pudo cometer irregularidades al no pagar directamente al consistorio su parte de la recaudación, como era preceptivo, e ingresarlo directamente en su cuenta bancaria.
Gómez explicó que «dichas acciones han causado presuntamente un perjuicio directo a las arcas públicas municipales y, una vez pasado un tiempo prudencial desde que se acabó la contrata, hemos acordado analizar si procede iniciar acciones legales contra la firma».
La Asesoría Jurídica Municipal, el Servicio Económico-Presupuestario, la Tesorería Municipal y la Intervención Municipal van a realizar ese estudio dirigido a establecer si conviene iniciar esas acciones legales. «Los representantes públicos debemos vigilar y velar por el interés general y emprender las acciones judiciales que sean necesarias para recuperar el dinero público», afirmó Gómez.
Esta nueva iniciativa es paralela al proceso administrativo que se sigue contra Servicleop para recuperar la deuda contraía con el ayuntamiento, que según Gómez, ronda los cinco millones de euros.
Negociación con Pavapark
Por otro lado, la concejala de Protección Ciudadana explicó que se han entablado conversaciones con la actual concesionaria de la grúa, la empresa Pavapark, para mantenerla al frente del servicio. La empresa quería una compensación económica o una rescisión del contrato después de comprobar el importante descenso del número de enganches y, por tanto, de ingresos.
En principio, el ayuntamiento se negó a atender sus peticiones, pero ayer la concejala responsable del servicio explicó que se ha abierto una negociación para tratar de llegar a un acuerdo.
El servicio de la grúa, antes con Servicleop y ahora con Pavapark, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los responsables municipales. Es también uno de los servicios que siempre se ha tenido en mente cuando se habla de municipalizaciones, pero, como muchas otras, el rescate de la concesión sería muy gravoso para las arcas municipales. En el caso de Pavapark, la vigencia del contrato es de seis años.
