Vive en el local que hay junto a la parroquia de Santa María del Mar, y allí regenta una pensión que le da para pagar las facturas, atender a su dos hijas, de 11 y 7 años... y poco más. Silvia Sierra firmó con la parroquia un contrato de alquiler el 25 de enero de 2003 y junto a sus padres, José y Carmen, y su marido Salvador, habilitaron y reformaron la vivienda „que había sido utilizada, entre otras entidades, por Proyecto Hombre„ y la reconvirtieron en una pensión que cuenta con todos los permisos y autorizaciones pertinentes. Así han funcionado durante 13 años. Sin embargo, la familia y los inquilinos de la pensión que viven allí desde hace años tienen el corazón en un puño ya que el próximo 12 de julio se celebrará el juicio que decidirá su futuro.
Y es que la parroquia de Santa María del Mar ha solicitado al juzgado el desahucio del local de su propiedad «por expiración del plazo del contrato» y porque «necesita los locales para fines pastorales» ya que, según fuentes próximas a la parroquia «no cuentan con espacio para realizar las catequesis y otras actividades y lo que le han pedido al juez es que se pronuncie al respecto porque no saben qué hacer».
La familia, sin embargo, asegura que el contrato se firmo «como indefinido» y para que constara de alguna forma se especificó en una cláusula que la duración del contrato era por 5 años, prorrogables por periodos anuales «salvo que la arrendataria manifieste al arrendador su voluntad de no renovarlo». Sin embrago, en el escrito de la denuncia, la parroquia de Santa María del Mar alega que «no consta que dicha prórroga fuera obligatoria para el arrendador, de forma que cada arrendamiento finalizaría el 24 de enero de cada año que se prorroga».
El juez será quien decida qué ocurre con este local y si la familia debe o no abandonarlo, a petición de la Iglesia que reclama unos locales de su propiedad para «fines pastorales y no comerciales». La familia paga de forma puntual un alquiler a la parroquia de 750 euros.
La simple posibilidad de quedarse sin casa y sin negocio les corta la respiración. «Podemos quedarnos en la calle y eso que pagamos nuestro alquiler y no le hacemos mal a nadie. Todo lo contrario. Nuestros inquilinos viven en familia y hasta los servicios sociales cuentan con nosotros. Creíamos que nuestro futuro, el de mis hijas, estaba asegurado pero la parroquia cambió de responsable y en diciembre ya nos pidieron que abandonáramos el local o que firmáramos un nuevo contrato de alquiler por un año. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sería nuestro fin porque nosotros ya llegamos a un acuerdo con la Iglesia», explica Silvia, que ha colocado una pancarta en la fachada para dar a conocer su situación.
Fuentes próximas a Santa María del Mar, sin embargo, recalcaron que al responsable de la parroquia «le preocupa mucho lo que le ocurra a la familia, pero necesita los locales porque no tiene espacio».
Cuatro inquilinos fijos en la pensión desde hace años
La pensión cuenta con cuatro clientes fijos desde hace años. Trino es el más veterano y vive en la pensión de Silvia desde hace diez años. Otro lleva ocho, una mujer lleva cinco y el último en llegar lo hizo hace cuatro años derivado directamente de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valencia. De hecho, el consistorio es quien paga la factura de este inquilino ya que cuentan con esta pensión como un servicio habitual al que derivan a familias o personas sin hogar que necesitan un techo durante un tiempo. El resto de clientes suelen pasar solo una o dos noches ya que el precio por día es de 10 euros. «Nos ofrecieron el contrato de alquiler desde la propia parroquia ya que el local estaba distribuido por habitaciones pero no querían que acabara convirtiéndose en un local por horas».
