El equipo de Gobierno local aprobó ayer las nuevas ordenanzas fiscales con un voto particular en contra del Partido Socialista por no «salvar» de la subida del IBI aplicada el año pasado a unos trescientos comercios de la ciudad. Es la primera vez que el PSPV vota en contra de una medida del «tripartito», aunque todas las partes resaltaron que la discrepancia afecta únicamente a 1 de las 1.500 disposiciones de la ordenanza y que «no hay crisis».
El año pasado, las primeras ordenanzas fiscales (impuestos municipales) del nuevo equipo de Gobierno congelaron el IBI para todos los ciudadanos y le aplicaron una subida de hasta el 40% a los establecimientos comerciales cuyos locales superaran los 250.000 euros de valor catastral. Según unas u otras fuentes, eso afectaba a 5.100 ó a 1.400 establecimientos, pero en cualquier caso, las asociaciones de comerciantes hicieron constar sus protestas y se abrió un periodo de consultas de cara a este año.
Fruto de esas consultas, la Concejalía de Hacienda, dirigida por el socialista Ramón Vilar, se comprometió a elevar ese listón. El propio Vilar descartó la propuesta de Cecoval de subirlo al millón de euros, pero sí estaba de acuerdo en dejarlo en 350.000, que fue la última propuesta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Se salvaban 300 tiendas, las más modestas, y se dejaban de recaudar 200.000 euros.
Sin embargo, Compromís y València en Comú se negaban a subir ese listón en aras de hacer pagar a quienes más tienen y en consonancia con lo que ocurre en otras ciudades españolas. El propio alcalde, Joan Ribó, aseguró que la subida sólo había afectado a 1.400 comercios (4% del total) y que la mayoría facturaban más de 1 millón de euros. El 30% eran bancos o aseguradoras y el 13% grandes superficies, dijo.
Junta de Gobierno dividida
Así las cosas, la propuesta de ordenanzas que llegó ayer a la Junta de Gobierno mantendría todo igual que el año pasado y consecuentemente el Grupo Socialista presentó una moción para cambiarla y elevar el listón hasta los 350.000 euros. Y tras una larga e intensa discusión no hubo acuerdo. Se impuso la tesis de Compromís y València en Comú. Y la portavoz socialista presentó un voto particular en contra.
Al término de la reunión, no obstante, los tres grupos coincidieron en destacar la «sintonía general» del grupo. Sandra Gómez explicó que su objetivo era «proteger al pequeño comercio del centro histórico de las grandes empresas y las grandes franquicias». A su juicio, la propuesta de los comerciantes del centro histórico era «razonable» porque afecta a «comercios como Casa Picó, la librería Soriano, el horno de San Vicente, peluquerías o empresas de textil con varias décadas en la ciudad». «Ya hay tiendas que han tenido que desaparecer por las subidas del alquiler, como la horchatería el Siglo», añadió.
Por contra, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, explicó que no se aprobó la propuesta socialista porque «la inmensa mayoría del comercio se queda como estaba». Ribó reiteró que la idea de su equipo es «que los que más tienen paguen un poco más», así como «hacer políticas activas de comercio» más que «disminuir los impuestos de manera general».
A su juicio, «hay que potenciar el comercio, sobre todo, el de proximidad, el cultural y el que no sea fotocopia de otros comercios», por lo que prefiere «dedicar estos recursos y otros de los presupuestos de 2017 a potenciar, en cosas específicas, el comercio local».
El propio Carlos Galiana anunció ayer que se está ultimando un plan de ayuda al comercio con una fuerte dotación económica.
Por su parte, Jordi Peris apoyó el mantenimiento del IBI como estaba porque «con los números encima de la mesa, ha resultado una medida efectiva para los objetivos redistributivos que nos planteábamos». «La idea de que paguen más los que más tienen se ha hecho efectiva», añadió.
«Esto es lo que pasa en el resto de ciudades con independencia del color de cada gobierno», añadió el portavoz de Compromís, Pere Fuset, que aseguró que esa recaudación servirá para políticas activas de promoción del pequeño comercio.
