El alcalde de Valencia, Joan Ribó; el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Àngel, acordaron ayer trabajar coordinadamente en el Cabanyal con sus respectivas policías para convertirlo en «un barrio normal». Se trata, según dijeron, de atacar el menudeo de droga, la inseguridad, el ruido, las fiestas nocturnas, las ocupaciones ilegales etc., es decir, mejorar la convivencia, que es lo que han pedido los vecinos más allá de que se inviertan 60 millones de euros en recuperar urbanísticamente la zona.
La reunión de ayer era, en realidad, una necesidad imperiosa después de que el Ayuntamiento de Valencia y la Policía Local pidieran insistentemente la colaboración de la Policía Nacional para pacificar el Cabanyal. Y al final todos salieron satisfechos.
Según explicó Ribó, «el Cabanyal está en una situación muy complicada» y se está invirtiendo mucho dinero en vivienda o inserción laboral, pero «tenemos un cuello de botella que es la seguridad y el respeto a las normas de convivencia».
Por eso, ayer se acordó crear una comisión de trabajo entre las tres administraciones para abordar conjuntamente el tema, «para que la gente del Cabanyal pueda vivir como en cualquier otro barrio; para que el barrio del Cabanyal sea un barrio normal», dijo el alcalde. De hecho, uno de los aspecto que se acordaron ayer es que esta comisión sea participativa y «las actuaciones sean lo más acordes posibles con las necesidades».
Compromiso del Estado
Por su parte, Juan Carlos Moragues explicó que «el Cabanyal es una prioridad para el Gobierno de España y para la Policía Nacional», prueba de lo cual es que «durante el año 2016 ha habido un incremento de 30 efectivos de la Policía Nacional y que este año el número de incautaciones de droga se ha incrementado en un 7,3%, lo que demuestra la eficacia y la presencia policial».
El delegado del Gobierno advirtió, no obstante, que «los problemas del Cabanyal trascienden lo policial y necesitan de agentes sociales, educativos etc. que habrá que aportar desde todas las instancias».
Precisamente, la comisión tendrá presencia multidisciplinar para abordar todos los aspectos del barrio y además tendrá un «espíritu abierto» para dar voz a los agentes sociales y vecinales.
Entrando más en detalle, Ribó explicó que el objetivo de la comisión es «intensificar la acción de todos los sistemas de seguridad para que los elementos que dificultan la vida normal se eliminen». «Está „dijo„ el tema del menudeo de la droga, que es un tema clarísimo; el tema de los ruidos hasta altas horas de la noche; esta el tema de los fuegos, que empieza ahora; está la suciedad; el tema de los niños no escolarizados, de ahí la presencia de la Generalitat, y hay que coordinarse „dijo„para que quede muy claro que en el Cabanyal las normas se han de cumplir».
El alcalde no dio plazos, pero dijo que el aumento de efectivos será inmediato. «Es una cuestión de articularnos entre las tres administraciones y aumentar esta presión de una forma normal. Las cosas se hacen paso a paso y nosotros queremos trabajar bajo el planteamiento de presencia disuasoria, de mediación y en último caso de otras acciones».
Moragues añadió que la comisión tiene como particularidad que es específica para el Cabanyal y que «tiene una visión transversal» para abarcar cuestiones más allá de la seguridad, además de que será abierta a los vecinos.
En cuanto al fenómeno «okupa», Ribó dijo que hay dos problemas: unas ocupaciones sociales y otras más ideológicas que ya están empezando a tratar con la Fiscalía y los juzgados.
Ciudadanos: «muy tarde»
Tras la reunión de ayer, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, valoró positivamente la decisión de las tres administraciones de trabajar juntos en el Cabanyal, pero lamentó que el acuerdo llegue tras año y medio de gobierno de Ribó. «Es un ejemplo más de la mala gestión del alcalde», dijo.
Fernando Giner hizo hincapié en que «llevamos mucho tiempo diciendo que el Cabanyal se degrada por momentos y que la zona afectada por el Pepri sufre el abandono más absoluto», pero «todavía esperamos a que el alcalde diga cómo va a hacer frente a la resolución de la ocupación de viviendas pública». A su juicio, las actuaciones del ayuntamiento tienen que ser decididas y urgentes.
