Isabel López, de 79 años, volvió a casa poco después de ser expulsada de ella en una escena plagada de policías: hasta tres furgones acompañaron a la comisión judicial el pasado 22 de diciembre, advertidos de que podrían encontrarse con activistas antidesahucios, como había ocurrido en un intento de desahucio anterior. Entonces se cambiaron las cerraduras e Isabel, acompañada de su hijo Francisco y algunos activistas, fueron a pedir audiencia con Joan Ribó para exponerle el caso.

«Hablamos con la mediación del ayuntamiento y con los servicios sociales de Campanar, pero nos ofrecían buscar una vivienda y pagarnos el depósito del alquiler», cuenta Gutiérrez, «y aquello no nos arreglaba mucho». Así que optaron por una medida que ya habían probado anteriormente: romper la nueva cerradura y que Isabel se instalara, como una ocupa, en la vivienda que fue suya durante cuatro décadas.

Ayer, en el juzgado donde se lleva el expediente del caso se declaraban abandonados los bienes de Isabel, informaba Europa Press. Esto sucedía después de que la comisión judicial acudiera a la vivienda tras haber fijado un plazo a la familia para que recogieran los enseres de la mujer.

Dos funcionarios, según relataba el propio Gutiérrez, acudieron a la casa y se encontraron con que la mujer había vuelto a vivir allí. También habían acudido activistas, como en anteriores ocasiones. Las versiones en este punto coinciden: los funcionarios levantaron acta de lo sucedido y abandonaron la vivienda, aunque advirtieron a la familia que el acto podría suponer la comisión de delito y que, dado que los bienes del interior de la vivienda habían sido declarados en abandono, la comisión podría volver a presentarse para deshacerse de los mismos en cualquier momento.

Permanecerá allí

Ayer se encontraba junto a la familia José Ángel Gallegos, quien se presentaba como abogado de Isabel desde días después de que se produjera el desahucio y declaraba que en el proceso que ha acabado en el desalojo «se han cometido irregularidades» por parte del juzgado, por lo que ha pedido que se sobresea el caso.

Mientras tanto, aseguraba Gallegos, la expropietaria se quedará en la que fue su vivienda, de donde solo podría ser expulsada, abundaba el magistrado, tras un nuevo proceso judicial que comenzaría con una demanda de los nuevos propietarios del inmueble.