11 de octubre de 2017
11.10.2017

El procurador denunciado por los expropiados de la Punta se quita la vida antes de declarar

Los vecinos lo acusaban de quedarse con 1,2 millones de euros de las indemnizaciones que le correspondían por sus terrenos de la ZAL

12.10.2017 | 09:39
El procurador denunciado por los expropiados de la Punta se quita la vida antes de declarar

El procurador Francisco Javier F. C., al que los vecinos de la Punta denunciaron por quedarse 1,2 millones de euros de sus indemnizaciones, se ha suicidado en su domicilio de València horas antes de tener que declarar en el juzgado que instruye el caso. Se trata de un nuevo revés para este proceso, que dura más de veinte años, ya que la muerte del acusado hace que se extinga la responsabilidad penal, quedando abierta únicamente la posibilidad de proceder por la vía civil para reclamar su herencia.

Francisco Javier F. ha sido el procurador que ha gestionado las indemnizaciones de un buen puñado de vecinos de la Punta por la expropiación de sus terrenos y viviendas para construir la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València. Eso ocurrió en la década de los primeros años noventa.

En total, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) puso en sus manos 1,6 millones de euros para repartir entre los afectados, pero sólo repartió 374.000 euros y dejó sin repartir 1.238.000. Ante la sospecha de que el procurador se hubiera quedado con el dinero y en vista de que éste no respondía a sus llamadas, los vecinos interpusieron una demanda contra él a finales del mes de julio. Así mismo, han pedido al menos en dos ocasiones que se adoptaran medidas cautelares contra él para evitar movimientos de cuentas y capitales, medidas que no han sido atendidas por el juez ante la indignación de los afectados.

Primera comparecencia
Ayer, eso sí, Francisco Javier F. estaba citado a declarar en la Ciudad de la Justicia de València a las diez de la mañana. Era su primera declaración por este motivo y no había comunicado ninguna incidencia que se lo impidiera. Sin embargo, no acudió a la cita y poco después se conoció la noticia de su muerte. Al parecer, el procurador se había quitado la vida a primeras horas de la mañana arrojándose desde un décimo piso al patio de luces.

Para los vecinos, esta noticia es un nuevo revés para el proceso, que se demora ya alrededor de 25 años. Según la presidenta de la asociación de vecinos de la Punta La Unificadora, Carmen González, el primer sentimiento que les viene a la cabeza es de conmoción desde el punto de vista humano, ya que les había acompañado en todo el recorrido judicial y ya tenían una relación casi de amistad, pero de la misma forma recuerdan que «nos engañó, nos quitó la esperanza y nos timó». «Es lamentable que una persona obre de esta manera y luego no tenga la fortaleza de seguir adelante», dijo.

Se extingue la responsabilidad
Por lo que se refiere al proceso judicial, prefieren esperar a ver cómo se desarrollan la cosas. De lo que están convencidos, en cualquier caso, es de que este caso vuelve a demorar la causa y perjudica una vez más a sus intereses.

Según explicó la presidenta del Colegio de Procuradores de València y persona que estaba liderando este proceso en el colegio y en los tribunales, Laura Oliver, la muerte del acusado hace que la responsabilidad penal se extinga automáticamente, sin embargo, puede abrirse la vía civil para reclamar el dinero por otros medios, como por ejemplo a través de herencias, bienes patrimoniales etc. «El abogado tendrá que hablar con los afectados y decidir qué hacen ahora», dijo.

La presidenta del Colegio de Procuradores también aseguró que el expediente abierto en el colegio queda extinguido automáticamente, de manera que a estas alturas sólo puede mostrar, dijo, su «profundo dolor» por lo sucedido, «tanto por tratarse de un compañero como por la forma en que ha ocurrido».

Ese expediente colegial nunca fue acompañado de medidas cautelares contra el denunciado pese a estar contempladas en sus estatutos para casos tan graves como este. Según Laura Oliver, prefirieron esperar a que se pronunciara el juzgado para actuar de la misma forma. Y como es sabido, el juzgado rechazó hasta en dos ocasiones el embargo de las cuentas y las propiedades del denunciado, como pedían los vecinos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook