La que fuera ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de Pedro Sánchez en la anterior legislatura Ione Belarra ha vuelto a señalar con nombres y apellidos a periodistas como Ferreras, Pablo Motos, Susana Griso o Ana Rosa Quintana, acusándolos de participar del fango mediático y de ser unos corruptos. El PP ha instado a la presidenta del Congreso Francina Armengol a llamar al orden a la secretaria general de Podemos Ione Belarra por insultar a periodistas.
También Irene Montero que fue entrevistada ayer en La Noche en 24 Horas por Xabier Fortes con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo acusó al director de Al Rojo Vivo de difundir a sabiendas informaciones falsas en referencia a unos audios de Antonio García Ferreras sobre Podemos.
Podemos que prácticamente ha desaparecido como grupo parlamentario y ha salido del Gobierno de coalición quiere llevar al Congreso una ley para regularizar los medios de comunicación más propio de un régimen totalitario que de una democracia avanzada como es España.
El derecho a la información y a la libertad de expresión están consagrados en el artículo 20 de la Constitución.
El señalamiento que hacen algunos partidos de periodistas y jueces es muy peligroso en un Estado de derecho.
Frente a lo que significó la dictadura franquista donde no existía libertad de prensa ni de información, España cuenta con medios de comunicación plurales y libres. Cada cual es libre de leer o comprar el periódico que quiera, escuchar la emisora que elija o ver el programa de televisión que desee.
Tapar la boca a los periodistas críticos con el poder que es lo que quiere hacer Podemos es un ataque intolerable a la libertad de expresión.
Ahora que tanto se habla de la máquina del fango, de las fake news y de los bulos; nuestro ordenamiento jurídico ya tiene los mecanismos suficientes como es el Código Penal y el Código Civil para actuar legalmente ante cualquier información falsa. No es necesaria ninguna regulación de los medios de comunicación que ya están suficientemente regulados. Lo que propone Podemos es un mayor control estatal de los medios para silenciar la discrepancia política, como ocurre en Venezuela o Cuba.
