J. Antequera, Castelló
El abogado de Ana María Alcántara -la mujer que lucha en los tribunales para poder ofrecer una educación laica a su hijo de dos años y medio, en contra de la pretensión de su ex cónyuge, que pide una formación religiosa- alegará en un recurso ante la Audiencia Provincial que la sentencia de divorcio de la pareja dictada por el Juzgado Número 7 de Castelló ha vulnerado derechos constitucionales del menor.
El juez José Luis Conde-Pumpido, decano de los jueces de Castelló y titular del Juzgado de Primera Instancia Número 7, concluyó en el fallo que la petición de Ana Alcántara resulta «incongruente» porque la pareja contrajo matrimonio por la Iglesia y bautizó al pequeño.
Además, la mujer criticó en las páginas de este diario que el juez calificara como «sospechosa» una denuncia penal por malos tratos que interpuso contra su ex cónyuge. Se da la circunstancia de que el juez de instrucción que investigó esa causa calificó el hecho como falta, el fiscal recurrió esta medida y en la actualidad el proceso se encuentra pendiente de recurso de apelación en la Audiencia Provincial, cuya vista se celebrará el próximo 19 de diciembre. Mientras, sobre el padre del menor cayó una orden de alejamiento que caducó a los seis meses. «No entiendo por qué el juez saca el asunto penal en el juicio de divorcio. Debió atenerse a lo civil, y al menos, si lo saca, que por lo menos me conceda el beneficio de la duda», se lamenta Ana María Alcántara.
El abogado planteará la cuestión de la laicidad en la educación de los menores, un derecho constitucionalmente reconocido, y enfocará su recurso bajo el argumento de que Conde-Pumpido vulneró el derecho de las personas a la libertad religiosa, ideológica y de culto.
En sus fundamentos de derecho, el juez recuerda que a falta de acuerdo entre los cónyuges tiene que resolver la justicia -al artículo 156 del Código Civil-.
Los párrafos de la sentencia zanjan la controversia matrimonial imponiendo la custodia compartida del niño.
