Victoria Salinas, Burriana
Así consta en el documento recibido en el consistorio de Burriana el pasado jueves 22 de mayo y con el que la Fiscalía provincial ha iniciado de hecho -un mes después de abrir diligencias- la investigación penal por la presunta comisión de un delito de corrupción y delincuencia informática en el consistorio.
El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, acordó abrir esta investigación después de recibir documentación de manos de la concejala del grupo Cibur, Mª Dolores Aguilera, quién suscribió el pasado mes de marzo junto al resto de grupos en la oposición, PSPV y CV, una moción pidiendo la dimisión del ex concejal de Policía y actual responsable de Fiestas y Deportes, Francisco Isach, tras acusarle de pagar con dinero público las tasas por la retirada de vehículos por parte de la grúa propiedad de «amigos y familiares».
Según el documento de la Fiscalía, el consistorio deberá enviar además de la información sobre el pago de los boletines, una certificación del acta de la sesión del pleno en la que se votó esta moción, el pasado jueves 6 de marzo de 2008, además de una certificación sobre quién era el responsable del área de Seguridad Ciudadana desde 2005 a 2008.
Es en este periodo de tiempo en el que, según los tres grupos de la oposición, Isach habría condonado presuntamente a conocidos y amigos el pago de la multa por la retirada de sus vehículos mal aparcados. Cuando presentaron la moción, los grupos aseguraron estar en posesión de, al menos, 27 boletines (de 2005, 2006 y 2007) en los que aparece el nombre de Isach como responsable de no que se cobraran las tasas al receptor del vehículo.
Al parecer, de esos 27 boletines, desde la fiscalía se ha considerado necesario pedir información sólo de 21. De cada uno de ellos, el consistorio deberá dar «testimonio íntegro y completo» informando además si se han pagado las tasas por la retirada de los vehículos, quién las abonó y en qué fecha.
La reacción del PP
Pese a que la primera reacción del gobierno de José Ramón Calpe cuando se presentó la moción fue la de negar la mayor -el portavoz municipal Enrique Safont aseguró que «vamos a demostrar que es mentira»-, el gobierno cambió de posición poco después anunciando que los boletines se habían pasado a los servicios técnicos para estudiar «si procede el cobro de las sanciones que, al parecer, han dejado de ingresarse en las arcas municipales».
