Victoria Salinas, Almassora
La Fiscalía provincial de Castelló investigará por vía penal 16 construcciones realizadas de forma ilegal dentro de los terrenos del paisaje protegido de la Desembocadura del Millars en Almassora de forma posterior al año 2003. Así consta en el decreto firmado por el fiscal jefe de Castelló, Javier Carceller, y que atiende a la denuncia presentada en octubre de 2007 por el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) que pedía la intervención de la Fiscalía contra los responsables de las 120 viviendas censadas en el espacio natural por un presunto delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales.
El decreto de Fiscalía -fechado el pasado mes de abril pero comunicado esta semana- establece también el archivo del resto de causas penales que pudieran derivarse del resto de construcciones, ya fuera porque en su momento ya fueron investigadas o porque los delitos imputables ya han prescrito. De todas maneras, de todas estas construcciones anteriores que están sobre suelo de dominio público estatal, la Fiscalía dará cuenta tanto a la Confederación Hidrográfica del Júcar, como a la Conselleria de Medio Ambiente y a la Jefatura de Costas «a los efectos oportunos».
Las 16 construcciones sobre las que se abrirán diligencias penales han podido ser detectadas gracias a un informe técnico redactado por la subsecretaria de la Conselleria de Medio Ambiente en el que se inventariaban un total de 116 construcciones en las dos márgenes del río detallando, gracias a «las diferentes visitas y las ortofotografías de los años 2003 y 2006» si existían o no en 2003. Según concluye el escrito del fiscal, sólo estas 16 construcciones (algunas viviendas completas, otras ampliaciones) han sido levantadas en estos años.
«Que acabe en el juzgado»
El grupo conservacionista ha aplaudido la decisión de la Fiscalía en un comunicado remitido ayer a los medios en el que valoran positivamente la resolución de Carceller y confían en que, tras la realización de los 16 expedientes de diligencias previas, estos acaben en el juzgado «como en el caso de Nules».
«Por vía penal o por vía administrativa, la asociación considera fundamental la intervención de la Justicia y la Administración para poner punto y final a la vulneración sistemática de la legalidad que degrada gravemente el espacio natural protegido», aseguraron en un comunicado. Los miembros de la agrupación avanzaron asimismo que solicitarán «transcurrido un tiempo» cuáles van a ser las acciones que tome tanto la CHJ, como la Conselleria de Medio Ambiente tras recibir la comunicación de 100 construcciones ilegales en el área protegida. «Entendemos que los efectos oportunos no pueden ser otros que los que indica la Ley, es decir, el inicio o continuación de los trámites administrativos oportunos que han de concluir con la demolición de las viviendas y la restauración del dominio público usurpado», según el comunicado.
