Nacho Martín, Castelló

El vicealcalde de la ciudad, Javier Moliner, confirmó ayer públicamente en el pleno que los tribunales han condenado definitivamente al Ayuntamiento de Castelló tras 20 años de litigio judicial a pagar 1 millón de euros al propietario del hotel Roma (actualmente rebautizado como hotel Costa Azahar) por negarle la licencia de actividad después de haberle autorizado a construir la instalación en 1988.

La confirmación de esta decisión judicial sale a la luz después de que la parte demandante interpusiera un último recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar una mayor cuantía en la indemnización que el Tribunal Supremo ya decretó en el año 2002 (700.000 euros) tras dar la razón al propietario del hotel, Jesús Lausín, y condenar al ayuntamiento.

A pesar del anuncio público de Moliner en la tarima del pleno, tanto Lausín como sus servicios jurídicos aseguraron desconocer la sentencia y señalaron que todavía no han recibido resolución alguna del Constitucional.

Sin embargo, Moliner reiteró de forma clara y contundente la confirmación de la sentencia ante el pleno. «Esta misma semana el tribunal ha interpuesto las costas procesales al ayuntamiento y ha confirmado que hay que pagar un millón de euros como indemnización al hotel Roma. Repito, 1 millón de euros».

El vicealcalde desveló la noticia cuando intentaba responder a una crítica del PSPV y del Bloc por las últimas sentencias que han condenado al ayuntamiento a causa de su urbanismo «arbitrario». Con la referencia a la nueva resolución, Moliner expuso que la mayor condena judicial de la historia del ayuntamiento por una mala actuación urbanística se originó con el gobierno socialista de Daniel Gozalbo.

Eso sí, obvió que fue en la alcaldía de Gozalbo cuando se concedió la polémica licencia de construcción con unanimidad del grupo socialista, el PP y el Bloc.

Posteriormente, se denegó la licencia de actividad necesaria para abrir este hotel situado frente a la playa del Pinar debido a supuestas deficiencias en la distribución del edificio.

A raíz de esta decisión, el hotel permaneció más de 10 años cerrado y comenzaba así un conflicto que ha deambulado durante dos décadas entre los pasillos del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ).

La primera demanda contra el ayuntamiento se interpuso en el año 1992 y los tribunales dieron la razón al propietario del hotel por primera vez en 1995. Posteriormente, un recurso del ayuntamiento motivó nuevas sentencias que volvieron a condenar al consistorio hasta que hubo una resolución definitiva del Supremo en 2002.

A partir de este punto, comenzó un segundo pleito judicial acerca de la ejecución de la sentencia (decisión que el Supremo trasladó al TSJ) y de la cuantía de la indemnización, que el ayuntamiento consideraba demasiado elevada y Lausín demasiado escasa. La compensación se había fijado en 700.000 euros y esta cantidad fue abonada en el año 2003 por el ayuntamiento. Sin embargo, la parte demandante continuó una lucha judicial que culminó el 14 de mayo de 2004 con un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ahora, según reveló ayer Javier Moliner en el pleno, los ciudadanos pagarán una factura final de 1 millón de euros.