Nacho Martín, Castelló

La confirmación del recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue anunciada en primer lugar por el vicealcalde de Castelló, Javier Moliner, que descartó cualquier negociación con los vecinos para desbloquear un PAI que ahora queda a expensas de un tipo de proceso judicial cuya media de duración llega a superar los cinco años.

Respecto a la viabilidad y posibles retrasos de los grandes proyectos, manifestó que proseguirá la tramitación de los proyectos en la ubicación prevista aunque los tribunales hayan anulado la obtención del suelo. «Ningún proyecto está en riesgo y ninguno se va a parar. La sentencia sólo afecta al suelo de los proyectos. En caso necesario, hay más de cinco mecanismos legales para obtener ese suelo de otro modo -tales como expropiación o permuta-. Y se pueden arbitrar mecanismos para hacer la VPO en el entorno. Pero, a fecha de hoy, sólo contemplamos la modificación 6 del PGOU para obtener ese suelo y confiamos en nuestro recurso. Defendemos el interés de la ciudad».

Según Moliner, entablar una negociación con los propietarios que han ganado la sentencia supondría un agravio para el resto de afectados. «El ayuntamiento no puede tener propietarios de primera y otros de segunda. No podemos darles a unos condiciones más ventajosas para que retiren el contencioso. Las condiciones de un 5% de propietarios son iguales que las del 95% restante. Y lo que es bueno para ese 95% debe serlo para los otros».

El vicealcalde expuso como principal argumento jurídico del recurso que «ninguna ley impide» que las cargas de suelo exigidas a los afectados por un PAI superen el 50% de la zona a urbanizar, aspecto que aparece en los fundamentos jurídicos de la sentencia. «En ningún texto legal hay una limitación de las cargas de suelo de uso público».

Moliner también alegó que la distribución equitativa de las cargas impuestas a los vecinos debería estimarse en función de la edificabilidad de los terrenos, y no de la superficie. «Las cargas no deben ni pueden ser proporcionales a la cantidad del suelo, sino a la edificabilidad. Es una comparación viciada». La segunda fundamentación del ayuntamiento defiende que el tribunal incurrió en un error en la valoración de las pruebas documentales porque «el informe de inundabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no era desfavorables».

Acusaciones del Consell

Tanto el argumento de la distribución de cargas basada en la edificabilidad como el del informe de la CHJ se exponen de una forma prácticamente calcada en el recurso paralelo e independiente que anunció ayer la Generalitat Valenciana. En su comunicado oficial, el Consell acusa al TSJ de incurrir en «una valoración arbitraria e irrazonable».

Pese a ello, a fecha de hoy prevalece una sentencia del TSJ que considera que el Consell y el Ayuntamiento de Castelló pretendían gravar a los vecinos de forma injusta e ilegal.