Es opinión muy extendida entre los altos cargos con pocos trienios en el sector público la de que hay funcionarios de alto nivel cuyas retribuciones salariales son bastante más elevadas que las suyas. Las comparaciones van por barrios —por departamentos y empresas públicas— porque los acuerdos entre el Consell y los sindicatos de la función pública suelen afectar en exclusiva al cuerpo central de la administración y muchas veces los convenios colectivos de las llamadas entidades públicas de derecho privado se negocian de manera separada.
Los gastos en nóminas del personal de la Administración autonómica crecieron entre 2007 y 2008 más de 229 millones de euros (más de 38.000 millones de pesetas), al pasar de 3.868,6 millones de euros a 4.097,7 millones. El mayor incremento lo absorbieron los salarios del personal funcionario, que pasaron 104.917 a 106.483 en un año. Los costes salariales aumentaron algo más del 7% (de 3.086,3 millones a 3.304,9 millones). En total, la Administración autonómica dio trabajo a 155.011 personas. En 2007, los contratos ascendían a 153.587.
Para 2009, los Presupuestos de la Generalitat reflejan una congelación salarial para los altos cargos y personal de confianza (personal eventual). Sin embargo, en 2008, cuando ya comenzaba a arreciar la crisis económica, no ocurrió lo mismo. Aunque se produjo una notable reducción de altos cargos y personal eventual (derivada del cambio de estructura de conselleries tras las elecciones autonómicas) el coste global de sus nóminas se elevó por encima del 4%. Mientras en 2007 las nóminas de 173 altos cargos (consellers, secretarios autonómicos y directores generales) costó a las arcas públicas 8,1 millones de euros, la cifra ascendió a 8,4 millones para 139 altos cargos en 2008. Un fenómeno similar se produjo para asesores y otros contratados de confianza. Los 146 contratados eventuales de 2007 costaron 4,5 millones de euros. En 2008, la Generalitat gastó 4,6 millones de euros en retribuir a 110 eventuales.
Que la administración autonómica se ha convertido en un oasis laboral en plena tormenta económica queda reflejado en los presupuestos también de 2009, que recogen aumentos de hasta el 9% en los gastos de personal de la Generalitat. El grueso de los fondos se destina a personal sanitario y de educación. Los primeros vieron hace algunos años admitida su reivindicación de mejoras salariales con el reconocimiento de la carrera profesional. A l a vez Educación pagó varios sexenios pendientes a su personal docente.
Un nuevo acuerdo
El pasado 31 de julio, con las cifra de desempleo por las nubes y un Consell que mengua progresivamente sus inversiones en obras públicas y reconoce estar al borde de la bancarrota por la caída de ingresos tributarios, los principales sindicatos de la función pública (Cemsatse, CCOO, FSP-UGT y CSIF) firmaron el borrador de la nueva Ley de Función Pública que extenderá el reconocimiento de la carrera profesional —con los correspondientes pluses económicos— al conjunto de los empleados públicos. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas admitió que la medida supondrá aumentar al menos hasta 30 millones de euros la remuneración de los funcionarios.
La vicepresidencia económica de Gerardo Camps debe decidir ahora si los acuerdos —que aún no tiene rango de ley y deben ser progresivos— tendrán plasmación en los presupuestos para 2010, que ya han comenzado a elaborarse. Puede que la búsqueda de paz social en la Generalitat lleve a Camps a evitar conflictos y dé luz verde a las exigencias salarias de los empleados públicos. Pero Paula Sánchez de León tardó un suspiro en diciembre en enviar un fax a los representantes sindicales convocándoles para abordar la nueva Ley de Función Pública con el objetivo de desactivar una concentración.
