Cuando la autoridad, la de Mariano Rajoy en el PP, se percibe como un muñeco de pim-pam-pum en caseta de feria, el poder se manifiesta sin una brizna de piedad. Veinte días después de que, la mañana del 9 d´Octubre, se inauguró el pulso entre la dirección nacional y el dúo Camps-Costa a cuenta de la exigencia de destitución del segundo como secretario general del PPCV, Rajoy ha cumplido la amenaza que trasladó aquella tarde al jefe del Consell: «O lo destituyes tú o lo expulso del partido». Génova recurrió ayer a la mayor —«suspensión cautelar de militancia»— para despejar dudas sobre si Costa había sido o no destituido en aquel sainete protagonizado por Madrid y Valencia interpretando el comité regional tras el que Génova dio por defenestrado al «dos» valenciano.
Costa se ha sentido titular del cargo aunque suspendido temporalmente, según el acuerdo adoptado por el comité regional en caso de que Madrid le abriera una investigación, como así sucedió. Por cinco veces, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, dijo que Costa estaba apartado definitivamente. Costa no se dio por enterado y en su reaparición en las Corts, ayer, de nuevo desafió a Madrid al subrayar que seguía de secretario general, que esperaba a que lo llamaran a declarar y que «pongan en valor mi honradez». En circunstancias normales esto escuece, pero resulta insoportable cuando el sistema inmunológico de Rajoy está sometido a la ofensiva de los críticos —agitando las aguas de Gürtel y Caja Madrid—, cuando ataca quien los lleva de cráneo hace semanas y si encima ese alguien es hermano de Juan Costa. Algunos aseguran que los hermanos ya tienen sindicadas las acciones en el paquete desestabilizador de Rajoy.
Que nadie abra la boca
En declaraciones a este diario, un portavoz de Rajoy calificó lo de ayer como una «usurpación de cargo». Génova dijo basta tres horas y poco después del órdago y requisó el carné del PP a Costa, quien queda casi como los tres expulsados por Esperanza Aguirre el 8 de octubre. El comunicado de la baja decía: «Reunidos de urgencia, el presidente y el secretario del Comité de Derechos y Garantías para analizar la actitud de D. Ricardo Costa, han decidido abrir expediente disciplinario y suspender cautelarmente de militancia en el partido» a Costa. Y añadía: «El comité recuerda a todos los militantes su obligación de abstenerse de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del partido y advierte que, de producirse, aplicará los Estatutos del mismo». No se concretaba si ese estado de sitio iba por Camps, pero lo de ayer supone la quiebra total del eje con Valencia, que un día fue cordón umbilical de Rajoy. A Camps le han robado la muleta. No podrá torear más esta crisis y deberá convocar el comité regional para designar, a la mayor brevedad, un nuevo secretario general (César Augusto Asencio es una coartada) o coordinador que lleve el partido. Costa reapareció ayer en las Corts para ocupar el escaño número 98. Como ex secretario o secretario mal visto, pero, en todo caso llegó siendo militante. Exhibió un brío más reposado que la mañana en la que insinuó que lleva las cuentas del PP y la de los muertos en el armario de sus superiores.
Apareció a las 9,50. «Luego hablo», prometió. Entró al hemiciclo, saludó militarmente y recibió saludos-pésame de diputados y de consellers como Font de Mora y Cervera. Camps fue recibido con un aplauso de esos que suena a enlatado y Costa bajó a saludarlo e hizo amago de abrazarlo. Pero el presidente evitó ser efusivo. Como si no quisiera pasar por Judas. Como si estuviera tan entrenado en la tragedia que hasta la huele. El día de antes (miércoles) le había prometido a Costa rehabilitarlo políticamente y hasta nombrándolo conseller de forma inminente, según diversas fuentes. A las 11,20 horas, Costa habló en pasillos como «militante y secretario general». ¿Cómo qué? «Como secretario general». «Con todo el respeto del mundo y sin querer entrar en polémica», solicitó a Génova «que si cree que existe algún tipo de responsabilidad en la gestión en el PP, en mi gestión, que tome las medidas oportunas desde el punto de vista estatutario legal». «Considero, como militante y secretario general, importante que la dirección nacional ratifique la gestión del partido, ratifique mi gestión como secretario general y ponga en valor mi honradez como militante, ciudadano y secretario general», zanjó el rebelde.
Como en Génova no lo pueden dar de baja de ciudadano, decidieron retirarle el carné del PP para borrarlo del mapa de una vez. Costa lamentó que «no se me ha notificado ninguna citación» cuando él ha cumplido «con mi compromiso establecido en el comité regional de remitir mis declaraciones de la renta, la acreditación de la compra del coche, la documentación del préstamo hipotecario y un borrador del informe de las cuentas del PPCV». Desde la dirección nacional explicaron que mientras eso sucedía, en Génova estaba reunido el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que trataba precisamente sobre la situación de Costa y la del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por sus declaraciones de guerra al sector de esperanza Aguirre a propósito de Caja Madrid.
Fue como si el día que se aprobó la nueva Ley de Tráfico, Costa se hubiese pasado políticamente de frenada ante la Guardia Civil.
