¿Quién se hará responsable si ocurre un accidente en la urbanización Els Quarts, de Orpesa?, ¿quién permite que los vecinos ocupen las viviendas sin estar entregada la obra? y ¿cómo funciona el instituto pese a no haber finalizado el proyecto de urbanización? Son preguntas que llevan cinco años sin respuesta, los mismos que lleva sin recibirse las obras por el consistorio. Tiempo en el que los vecinos han pagado sus impuestos y contratado el suministro de luz y agua. Ahora, en el último pleno, el alcalde Rafael Albert se mostró partidario de actuar, rescatar el aval y acabar las obras.

Apenas unos días después de que el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, registrase un escrito en el consistorio pidiendo que se concluyeran las obras, un colectivo de vecinos afectados anuncia que presentará otro mostrando su malestar con la situación y exigiendo soluciones para legalizar sus viviendas.

Cédulas irregulares

Uno de los afectados por la demora en la recepción de la urbanización, V. G., censura la actuación municipal, a la par que califica de «ilegales o, al menos irregulares, las cedulas de habitabilidad concedidas por el consistorio, porque no hay fin de obras, tal como nos dicen nuestros abogados». Además alerta de «la completa ilegalidad en que está toda la urbanización, por donde circulan vehículos, pese a que el acceso debería estar aún vallado».

Mientras, los vecinos, que pagan su contribución, no reciben la pertinente contraprestación de servicios y, como muestra, apuntan que sólo tienen un contenedor para depositar sus residuos sólidos urbanos, que «es insuficiente a todas luces». Romero reclama la resolución por parte del consistorio de las irregularidades detectadas en la urbanización, que «abarcan desde los defectos de jardinería a problemas en los viales» e insta al equipo de gobierno a que estudie la fórmula para acabar las obras, «sin perjudicar a los vecinos».

Una decisión, la del grupo de gobierno, que debe poner fin a un lustro en el que desde el consistorio, «se está permitiendo que los inmuebles estén habitados e, incluso, se haya abierto, con inauguración oficial incluida, un instituto. Todo ello en contra de lo dispuesto en la ley, que fija que para poder habitar en una urbanización ésta debe estar recepcionado por el consistorio», dice Romero.

La degradación del entorno de la urbanización se conjugó el pasado septiembre con los efectos de la gota fría que sacó a la luz las deficiencias del sistema de evacuación de pluviales, que desbordó los imbornales, inundando el entorno, tal como denunció en el último pleno el portavoz del GIO, Fernando Juárez.